La causa, que ha tramitado bajo un fuerte hermetismo judicial para resguardar la intimidad de la víctima, entró en su etapa decisiva con la lectura de los alegatos de apertura.
El acusado llega a este proceso formalmente procesado por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo, la convivencia y corrupción de menores en concurso ideal.
Según consta en la requisitoria fiscal de elevación a juicio, los ataques no fueron aislados, sino que se extendieron de manera reiterada aprovechando la convivencia temporal durante los períodos de vacaciones comprendidos entre los años 2023-2024 y 2024-2025, en un domicilio ubicado en el barrio Providencia de la ciudad de San Pedro de Jujuy.
De acuerdo a la acusación formal de la Fiscalía, el encartado se valía de los momentos en que quedaba a solas con la menor —que tenía 9 años al momento de la denuncia— y utilizaba graves amenazas para asegurar su silencio, provocando una severa alteración en el normal desarrollo psicosexual de la niña. La persistencia del trauma derivó incluso en consecuencias físicas y psicológicas constatadas por profesionales médicos del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Primera audiencia
Durante la primera jornada de testimoniales, brindaron declaración el personal académico de la institución a la que asiste la menor y los peritos psicológicos y técnicos que intervinieron en la investigación penal preparatoria, donde la declaración en Cámara Gesell resultó un elemento probatorio clave.
La querella del caso, que acompaña activamente el pedido de justicia de la madre de la víctima, enfatizó que el acusado permanece privado de su libertad desde agosto del año pasado. Esto se logró tras el rechazo sistemático de al menos cinco pedidos de prisión domiciliaria o libertad condicional, donde la defensa intentó sin éxito presentar avales y fianzas económicas por parte de allegados vinculados a la administración pública local, solicitudes denegadas para evitar el riesgo de coacción de testigos.
El tribunal dispuso que el cronograma de audiencias continúe este jueves 21 de mayo con la recepción de más pruebas testimoniales, previéndose la clausura del debate, los alegatos finales y el dictado de la sentencia para el próximo jueves 28 de mayo.
Desde la parte querellante adelantaron que solicitarán la pena máxima de 20 años de prisión, descartando de plano cualquier intento de la defensa de deslegitimar la denuncia y amparándose estrictamente en las contundentes pruebas científicas recolectadas en el expediente.
