Para la diputada Alejandra Cejas el problema va mucho más allá de esta discriminación que se le hace a quienes supuestamente tendrían algún derecho a ingresar a una vivienda a través del proceso del sorteo.
“Hoy en la provincia no tenemos un programa para la ciudadanía en general que pueda resolver el déficit habitacional. Estos beneficiarios en primer lugar deben reclamar en el propio IVUJ, en la Secretaría Nacional de Vivienda, Auditoria AGN, ya que estos es desobligarse de las propias obligaciones que tiene le organismo” remarcó.
La legisladora recordó como fue el proceso en este caso.
“En 2017 convocaron generando expectativas, pero para esos 500 nuevos adjudicatarios, donde están las casas?”.
“He pedido informes de la nomina de adjudicatarios y hasta el año pasado el total no supera los 600 beneficiaros, o sea 600 viviendas construidas por esta gestión en 5 años, la mayoría de los casos de programas viejos que ya se venían ejecutando que se fueron terminado en estos años. Programas nuevos no hay prácticamente ninguno”.
Cejas asegura que se engañó a la ciudadanía y en uno de los temas tan sensibles como las viviendas, “no se construyó y ahora les tienen que decir que no cumplen con los requisitos para desobligarse y por eso los sacaron, porque no tiene viviendas para entregar”.
La diputada remarcó que los programas de emergencia habitacional están destinados a familias que no poden financiar una vivienda por sus ingresos y que también se otorgaba en algún momento hace años, soluciones habitacionales adaptadas para atender la situación de gente con ingresos bajo o no fijos, con programas de cooperativas, con cuotas de 50 o 2000 pesos mensuales, etc.
“Hoy no solo que no se respeta eso sino que están fijando cuotas excesivamente altas con viviendas que llegan a tener un valor de mercado de casi 3 millones o 3 millones y medio de pesos. Estamos hablando de viviendas del IVUJ, no son viviendas de una empresa constructora cualquiera” dijo.
Vale la pena remarcar cuál es el objetivo a cumplir por el IVUJ, que no es el mismo que el de una inmobiliaria.
El sistema Fonavi, sistema de fondo nacional de la vivienda, estipula de qué manera se accede a la vivienda en todo el país, explicita la necesidad de poder llegar de manera global y general a que cada ciudadano pueda tener una vivienda con ingresos que son mínimos, que deberían ser no mayor a dos solarios del mínimo vital y móvil, es decir hoy no mayor a 40 mil pesos, con cuotas que tendrían que representar el 25% de ese total y una financiación elástica como la que otorga el Banco Hipotecario a través de los programas Procrear, “no se puede pedir la cifra exorbitante que se está pidiendo de ingreso previo , estamos hablando de ingresos de 500 o 600 mil pesos”.
Además los montos del metro cuadrado del Instituto de Vivienda, son de los más caros que hay, “en la provincia supuestamente se construye con financiamiento nacional, provincial y todos aportamos para que resuelvan los problemas habitaciones de la clase media o de quienes no lo pueden resolver de otra manera; pero no lo hace, el IVUJ ha dejado de cumplir con sus fines desde hace mucho tiempo”.
“Por ejemplo las viviendas de las Torres de Alto Comedero se están vendiendo, son departamentos que no se entregaron a demanda libre, se venden con un ingreso entre 300 mil 500 mil 700 mil, o sea el IVUJ compite en el mercado inmobiliario local, a ese nivel, y allí por ejemplo no entran los adjudicatarios que fueron sorteados en 2017, allí van directamente quienes tienen la posibilidad de pagar”.
Para la diputada estos ingresos son para pagar a las empresas constructoras que a la mayoría les adeudan. “Ese es otro tema del que no se habla el Instituto de Vivienda ha dejado de rendir cuentas, al igual que el gobierno, a cerca de los fondos que recibe atreves de las cuotas societarias que realizan los beneficiarios de programas habitacionales, del fondo revolvente del Fonavi y de los recursos genuinos de la provincia a través de los presupuestos”.
En cuanto a estas personas que quedaron excluidas de los planes de viviendas del Gran Jujuy, Cejas les recomiendo “a los eventuales adjudicatarios que ya tenían un derecho al acceso a la vivienda generado por el propio estado, buscar asesor legal e iniciar las acciones y de esa manera responsabilizar a los funcionarios actuantes. Los que hicieron el sorteo ya no están, es una mentira mas a quienes les generaron expectativas; no pueden resolver la cantidad de reclamos de quienes salieron sorteados por que no tienen las viviendas y las que hay las vendieron”.
