- El IVUJ informó que quienes adeuden cuotas del plan FONAVI deberán empezar a pagar.
- Pusieron como plazo el 31 de marzo para firmar refinanciaciones.
- Los funcionarios plantearon los desalojos como una posibilidad cierta.
Viviendas: el gobierno busca hacer caja con una fuerte intimación a los morosos
Las familias que adeuden cuotas al IVUJ tienen plazo hasta el 31 de marzo para regularizar su situación, a riesgo de ser desalojadas; buscan elevar la recaudación de 30 a 60 millones de pesos mensuales con el objetivo de poner en marcha nuevas construcciones, aunque el área muestra problemas de transparencia.
La mañana del jueves 5 de marzo llegó con una dura advertencia para alrededor de 15 adjudicatarios de viviendas entregadas por el gobierno: tienen plazo hasta fin de mes para presentarse en las oficinas del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ) a fin de someterse a un convenio para la refinanciación de las cuotas atrasadas.
De un total de 25 mil cuentas abiertas a personas que poseen una vivienda del Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI), alrededor de la mitad registra mora en el organismo provincial.
Para los funcionarios del gobierno local hay una cultura del no pago que los ciudadanos deberán corregir.
Según explicaron el presidente del IVUJ, Gustavo Muro, y el vocal social de dicho organismo, Renán Dada, se trata de una cuestión de “justicia social”.
“Hay un listado de 30 mil personas que espera una vivienda a quiénes se las podríamos adjudicar”, indicó Dada.
Cada adjudicatario asume el compromiso de pagar una cuota cuando recibe una vivienda del estado, para lo que firma un contrato que la actual gestión planea ejecutar.
Además, los funcionarios consideran inadmisible la morosidad por el bajo nivel de las cuotas, que oscila entre los 30 y los 500 pesos, en función de la antigüedad con que se haya recibido la vivienda. E insistieron:
El valor de las cuotas es llamativamente dispar. A diferencia de las viviendas entregadas durante el gobierno de Gerardo Morales, los beneficiarios de programas antiguos mantienen una cuota baja, como se dijo, con un promedio de 300 pesos.
Quienes recibieron una casa desde 2016 hasta acá, en cambio, pagan montos mucho más altos, que rondan los cinco mil pesos en promedio.
De no acercarse a suscribir convenios de refinanciación, los adjudicatarios pasarían al nuevo régimen, es decir, al de una cuota mucho más elevada. Así lo expresaron los funcionarios.
“En el peor de los casos, se hará el desalojo”, se empeñaron en advertir.
Transparencia, la deuda pendiente
La medida anunciada se inscribe en una serie de decisiones que tomó el gobierno provincial que muestran una clara intención de recaudar fondos para poder continuar con la gestión.
La intempestiva creación del Seguro Colectivo del Instituto de Seguros de Jujuy, la aplicación del FOPEJ en el rubro de la energía, y ahora la intimación a los morosos del IVUJ dan cuenta de ello.
Este último organismo, sin embargo, no acompañó hasta el momento su decisión con alguna norma de transparencia que explique qué destino le dan los funcionarios al dinero que recaudan.
El vocal Dada emitió una vaga respuesta al afirmar que el IVUJ recauda alrededor de 30 millones de pesos mensuales “pero la mayoría se va en sueldos y gastos”.
El último presupuesto oficial que muestra en su sitio web corresponde al año 2016. No se ofrece información sobre balances anuales o estados de gestión, a pesar de que ya transcurrió un mandato de gobierno completo.
Hay un dato clave en el que el gobierno es particularmente impreciso a pesar de las insistentes consultas: ningún funcionario puede decir con claridad cuántas viviendas construyó y entregó a familias la gestión que Gerardo Morales inició en 2015.
El último intento lo protagonizó en la misma conferencia el presidente del IVUJ Gustavo Muro, quien dijo que llevaban construidas “cerca de 4500 viviendas y más de 8000 soluciones habitacionales”, sin ampliar en detalle alguno semejante número.
La afirmación de Muro es más que llamativa, ya que, en marzo de 2019, el gobernador aseguraba que el gobierno había logrado entregar 1.248 viviendas y 829 “mejoramientos habitacionales” (una habitación con un baño). También dijo que completaron 1.681 que las organizaciones sociales que comandaba Milagro Sala habían dejado sin terminar, algo que también habría que verificar.
En el mejor de los casos, se hablaba en aquel momento de 2.929 viviendas.
Aunque hubo entrega de viviendas durante 2019, no se percibió semejante ritmo de construcción y adjudicación en un año atravesado por la crisis económica.
Así, el gobierno sostiene esa falencia que lo acompaña desde el primer día: lo que sus funcionarios declaran ante la prensa es incomprobable en la realidad.
En ese contexto, aparece la firme intención de cobrarles a las familias morosas lo que deben por las viviendas que se adjudicaron.
Algo que corresponde, sin dudas, porque se trata de un compromiso asumido al momento de recibir la vivienda.
No obstante, la transparencia en el manejo de las cuentas públicas, la rendición de cuentas y la eficiencia en la gestión es primordial para los funcionarios antes de plantear cualquier exigencia.