El titular de la Fundación “Manos Unidas por la Paz”, Martín Álvarez, comentó lo ocurrido y sus consecuencias, señalando que la violencia “es inherente a la vida, un comportamiento nocivo hacia otros y puede ser hacia uno mismo, como autolesiones o suicidios. Socialmente somos responsables de esto, y cada uno de los estamentos tenemos que trabajar para disminuir las situaciones de violencia por los daños que causan a las personas, no solo físico sino también psíquico y mental. Genera niveles altísimos de estrés que hace que el funcionamiento del sistema nervioso central se vea deteriorado y la persona no pueda estudiar y tener otras dificultades”.
“No hay registros en Argentina de casos sobre violencia, no hay estadísticas de violencia, menos de menores y aun menos de menores en escuelas. Lo que tenemos que tener en cuenta en este subregistro que existe es que hay muchas más víctimas de las que vemos. La violencia en ámbitos escolares siempre existió, lo que pasó últimamente es que recrudecieron los ataques, son mucho más violentos, participan más personas y están mediados por la tecnología, con la que tenemos nuevos riesgos y violencias o las mismas que se presentan de otra manera. Tenemos que pensar cómo tratar esto, y el primero que tiene que hacerlo es el Estado, con campañas claras que marquen que esto es más que una situación dañina y que tiene que ver con la salud mental. También puede trabajar desde contenidos en la escuela y la institución, dentro de los acuerdos de convivencia. Debe ser una letra viva y trabajo permanente y constante, no solo cuando aparece un caso como el de los últimos días”.
Especialista en violencia escolar aseguró que “recrudecieron los ataques”
Responsabilidad de todos
El especialista añadió que “hay violencia mucho más grave que solo golpes; a veces daños corporales que matan a la persona o la dejan cerca de la muerte. Todo es útil: las familias, la escuela, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad y hay que trabajar esto de manera integral. Una ley no resuelve las cosas sino que dice que hay que trabajar la temática y luego implementar la ley en cada sector. Hay otras herramientas en las escuelas, como los diseños curriculares y la Ley Nacional de Educación. La de Educación Emocional viene a resaltar lo que la Ley Nacional de Educación y la de provincia tienen, que es la formación integral de las personas. En la misma primamos lo intelectual y no lo emocional, y se sabe que las emociones cuentan. Esto no quiere decir cargar al docente con actividades o cosas que tenga que hacer, sino instrumentar para que puedan entender cómo se procesan, adquieren y pueden enseñar las habilidades sociales y emocionales, y con la modificación de consignas dadas en las materias que se dictan se puedan generar espacios de aprendizaje social y emocional”.
No ocultar las cosas
En otro momento de sus expresiones, dijo que porque los protagonistas de estos hechos sean menores “no podemos ocultar las cosas; las situaciones de violencia cambian y se construyen socialmente también. Lo que podemos ver es que muchas veces son menores pero a ellos también hay que construirlos en ciudadanía y no solo trabajar desde niveles escolares sino también desde niveles de la ley. Seguramente un menor no será imputado pero tendrá que pasar por un estrado judicial, que no es nada agradable, por lesionar a un compañero. Estoy de acuerdo con que esto vaya de forma paralela. En segundo lugar, no hay que tapar la temática; muchas veces hay complicidad o negligencia de las autoridades y los funcionarios y docentes que revictimizan a la persona sacándola de la institución. Muchas veces los maltratadores son más y más fuertes que las víctimas. Lo que tenemos que pensar es que todos podemos hacer algo: no todos los docentes y escuelas no trabajan, muchas lo hacen bien, pero tenemos que pensar cómo garantizamos que la víctima no sea revictimizada, que tenga un abordaje interdisciplinario e intersectorial y que también haya un abordaje comunitario. Podemos trabajar en promoción de esta temática. Tenemos que trabajar en prevención, saber que si alguien insulta, lastima, denigra a otro, si hay ciberbullying o envío de fotografías subidas de tono puede tener consecuencias. Tenemos que trabajar en el abordaje: lo que ocurrió en San Salvador no tiene que ser solo trabajado en esa escuela porque tomaron notoriedad pública, pueden ser trabajados en todo el sistema y desde ámbitos de seguridad. Un abogado o juez de menores debería explicar qué sucede si este menor lastima seriamente o mata a otra persona. Esto no quiere decir judicializar a los menores sino educar en ciudadanía. Si golpeamos a otros tendremos una denuncia y consecuencias, esto tiene que pasar con los menores para esta construcción. Y por otro lado, involucrar a la salud mental para tratamientos específicos y efectivos para la víctima y victimarios”.
Incluirlos
“A la temática la viven los chicos; si uno hace una mesa intersectorial e incluye a centros de estudiantes o representantes de los mismos seguramente tendremos soluciones efectivas, claras, y sabremos de dónde surgen las dificultades y problemas. Lo puede hacer un medio informativo porque puede generar, desde la corresponsabilidad, un debate de cómo resolver esto”, indicó Álvarez.
Mesa intersectorial
También se refirió al posible trabajo de Ministerios de Seguridad y Educación, considerando que “lo mejor sería que hagan una mesa intersectorial donde llame a los jóvenes para preguntarles por qué y de dónde surge esto. Ahí aparecerán potras comorbilidades como el consumo de sustancias, la impulsividad, la violencia social, la que sufren los estudiantes de parte de adultos en escuelas, y escucharemos cosas que tendremos que modificar en nuestras prácticas. Hay que pensar en los estudiantes: tenemos los códigos de convivencia, los estudiantes pueden ir al psicólogo y psicopedagogo solos sin los padres, también pueden participar de acciones desde los 13 años en adelante. Aprovechemos estas ventajas de ampliación de derechos que tienen las leyes, los hagamos partícipes y los incorporemos a que sean parte del análisis y la solución de la problemática. Veremos que son mucho más creativos y traen soluciones dando en la tecla. Uno tiene que ayudarlos a canalizar esto y darles el apoyo que no tienen, que puede ser técnico, teórico, de guía y acompañamiento. Ellos también pueden. Pensemos en formar preventores de violencia en las escuelas: no hay que hacer nada distinto, hay una ley, parte de la formación que es hacer prácticas pre profesionales en nivel secundario. ¿Por qué no utilizamos la metodología de la investigación para investigar las temáticas en las comunidades, en vez de investigar cualquier cosa que no tiene que ver con la comunidad? Lo que pasa es que los docentes tenemos que estar formados para llevar Metodología de la Investigación en Primaria y Secundaria”.
Dificultad política
Por otro lado, el titular de “Manos Unidas por la Paz” dijo que “los políticos son una dificultad; muchas veces funcionarios que no se hacen cargos de ser funcionarios. Por otro lado, muchas veces no es necesario presupuesto sino decisión política. La Ley 27.130 de prevención del suicidio es ampliatoria de derechos pero no tiene presupuesto. Hay un programa nacional que atiende la problemática, y 22 provincias adheridas con políticas públicas, y no hay presupuesto en el texto de la ley. Pero dice que toda persona que tiene procesos suicidas tiene derecho a ser atendida en el marco de la salud pública, las obras sociales, y su familia. Es importante incorporar cuáles son los nuevos paradigmas, necesitamos gente que tome decisiones”.
