Las trabajadoras indicaron que cada vez que los colectivos dejan de circular no sólo se ven perjudicados en la baja de clientelas y por ende el consumo, sino también los empleados no pueden cumplir con sus obligaciones laborales por la falta del servicio público.
Natalia Velázquez sostuvo: "El paro de transporte afecta sobre todo porque nosotros estamos ubicados en una zona donde es muy transitada por turistas, también clientes habituales. La clientela se redujo aproximadamente un 50%, además implica una importante pérdida económica. Los empleados tampoco pueden asistir".
Yolanda Córdoba indicó: "Si bien se ve un poco de movimiento pero no es el mismo que cuando no hay paro de transporte. Nos afecta bastante en el tema de las ventas y la asistencia del personal, hay trabajadores que no pueden llegar. Si no se registra movimiento de personas, a veces, hacemos retiro de personal".
Medida de fuerza
Tras reunirse con autoridades de diferentes niveles gubernamentales, el gremio de la UTA decidió abstenerse de prestar el servicio urbano y reducir las frecuencias del servicio de transporte interurbano de pasajeros desde el miércoles 10 de enero. Frente a este escenario, los usuarios quedaron a la fecha en el medio de un conflicto crónico del sector.
Una vez más miles debieron ausentarse a sus lugares de trabajo y luego hacer filas en una comisaría para buscar justificación. Otros usuarios debieron hacer un doble esfuerzo utilizando un medio de transporte alternativo que termina siendo más costoso y dicho gasto no estaba previsto en medio de esta incertidumbre económica.
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