En una semana comenzarán las clases y los docentes continúan planteando la continuidad de obstáculos que no han sido superados por el Ministerio de Educación.
Al estado de abandono que presentan muchas de las escuelas de la provincia, principalmente las del interior, se suma ahora la situación de los traslados docentes en las distintas localidades.
El año pasado los prestadores de servicios de transporte exigían el pago y cancelación de deudas del traslado de maestros y profesores a distintos destinos de la provincia, incluidas zonas desfavorables. Dos accidentes casi consecutivos camino a Santa Ana volvían a poner el tema "seguridad y precarización" en agenda.
Pero el reclamo ha sido desatendido por las autoridades de gobierno durante años; aún pesa en la memoria colectiva la trágica muerte de una maestra en medio de un accidente vial sobre la Ruta Nacional 9 a la altura de Pumahuasi a fines de 2017. En aquel fatídico viaje a La Quiaca, 40 personas resultaron heridas luego de que el chofer se descompensara y terminara por volcar el vehículo.
Si bien no fue responsabilidad del gobierno provincial ni mucho menos, semejante herida para toda la comunidad educativa debería haber sido el principio y a la vez el punto final para reorganizar el servicio de transporte, especialmente a localidades de difícil acceso, garantizando el correcto funcionamiento de las unidades, los controles pertinentes y un tratamiento serio sobre el pago por prestación.
Ya en ese momento el secretario general de ADEP Darío Abán solicitaba la revisión general del servicio.
A más de dos años de aquella tragedia, que llegó a cobrar relevancia nacional, la parsimonia de la cartera educativa para afinar el sistema de transporte continua.
Son numerosas las historias sobre viajes peligrosos registradas en el período 2017-2020. Imágenes y testimonios de trabajadores de la educación varados en la ruta o al borde de peñascos dan cuenta de situaciones críticas donde el confort de un viaje placentero termina siendo un detalle menor.
Desde el gremio de educadores provinciales informaron que la situación es compleja porque los dueños de las empresas sostienen que las deudas persisten y peligra la prestación de servicios. Esta incertidumbre promueve la aparición de transportes alternativos que no tienen los papeles al día y que en muchos casos presentan serias deficiencias.
A estas alturas, el gobierno solo pudo avanzar en una remediación parcial y los cabos sueltos amenazan con volver a instalar el problema en el ciclo lectivo 2020.
Los atrasos en los pagos de comerciantes, transportistas y empresarios; más los anuncios sobre el limitado presupuesto de la cartera de educación arriesgan el buen desempeño de los educadores jujeños y hasta el inicio de las clases.
Con el tema paritario también aún en discusión, los contratiempos apuran a la ministra Isolda Calsina y preocupan a los docentes.
