Hizo referencia a los señalamientos previos sobre la finca "El Remate" (un predio independiente pero con características de administración similares) y la infraestructura montada para el cultivo de cannabis. En esa línea, enfatizó que la comunidad de Perico desconoce el impacto financiero real que estas explotaciones tienen sobre el sistema sanitario local, principal destinatario del legado original de Plinio Zabala.
Falta de transparencia y control legislativo
Cardozo cuestionó con dureza el rol de los legisladores provinciales, a quienes acusó de carecer de una postura fiscalizadora activa sobre los actos del Ejecutivo provincial. “La competencia de los diputados provinciales es controlar al gobierno en todo sentido, no es tan solamente levantar la mano cuando va el presupuesto. Hay muchas cosas que requieren investigación, todo lo que implica la administración del Estado tiene que estar en la Legislatura”, sostuvo.
Asimismo, remarcó que el Hospital Arturo Zabala atraviesa carencias severas en materia de insumos, equipamiento y recursos —como la falta de ambulancias o deficiencias en la atención médica—, a pesar de encontrarse en una zona de alto movimiento productivo. “Si vos plantás caña, tabaco, hortalizas o hacés marihuana, tiene que haber utilidades. No puede ser que a un arrendatario común lo vuelvan loco y no sepamos qué pasa con estas grandes empresas o con el mismo Estado”, reclamó.
Tierras, desalojos y reclamos de informes
El concejal también se refirió a la situación de los terrenos ocupados por el Parque Industrial y la Zona Franca, recordando que en su momento sectores de pequeños productores y familias de la zona debieron afrontar desalojos. Ante este panorama, adelantó que presentará un proyecto de resolución en el Concejo Deliberante para exigir formalmente al Gobierno provincial y a los administradores un informe detallado.
“Vamos a solicitar que el gobierno, la administración de la finca o el hospital nos den una respuesta sobre qué ingresos recibe el nosocomio por la venta de cannabis o cogollo, cuánto se recauda del parque industrial, de la zona franca y de los más de doscientos arrendatarios que tiene la finca”, concluyó Cardozo, insistiendo en la necesidad de garantizar transparencia y cumplimiento con el mandato histórico en beneficio de la salud pública de la región.