Terminar con desalojos violentos es democratizar las fuerzas de seguridad

La pregunta entonces es inevitable: ¿con qué facultades se procedió de determinada manera? ¿Quién impartió las órdenes? ¿Qué instrucciones recibió la policía? ¿Existía un protocolo específico para intervenir en un conflicto de estas características? Y otra imagen que no puede pasar inadvertida: personas armadas, con el rostro oculto, actuando en nombre del Estado.

Si efectivamente se trataba de fuerzas de seguridad, la sociedad tiene derecho a saber quiénes eran, bajo qué razón ocultaban sus rostros, porque la policía de la «democracia» no puede actuar como si estuviera fuera del control de las instituciones. ¿Dónde está el juez Calderón para explicar cuál fue su intervención? ¿Dónde está el Secretario de Seguridad, Dr. Gil Urquiola? ¿Dónde está el informe final del operativo? ¿Dónde está el oficio que habría ordenado el magistrado para realizar el procedimiento? Y si existen denuncias penales, ¿qué están haciendo los fiscales y qué medidas se adoptaron para esclarecer los hechos? También cabe preguntarle a la Legislatura: ¿no corresponde que el secretario de Seguridad dé explicaciones públicas mediante una interpelación? Hay muchas preguntas sin respuesta.

El problema no es tan solo el desalojo de una comunidad o la discusión sobre la propiedad de un terreno; el problema es cómo actúa el Estado cuando interviene sobre un conflicto que involucra derechos, comunidades y antecedentes de enfrentamientos sociales en Jujuy.

La historia reciente debería haber enseñado algo: los conflictos territoriales y comunitarios no se resuelven con más uniformados, más armas y más fuerza. Se resuelven con la ley, con la justicia, con diálogo, con proporcionalidad y, sobre todo, con instituciones que puedan explicar cada decisión tomada. En este sentido aparece una cuestión más profunda: la praxis judicial.

Una cosa es que un juez autorice un procedimiento y otra muy distinta es que, una vez producido el operativo, exista un control efectivo sobre la forma en que se ejecutó. El juez debe controlar, el fiscal debe investigar cuando existen denuncias y el poder político debe rendir cuentas. Hay que investigar para despejar sospechas, pero como esto no pasa, el caso empalaga con las sospechas; lo que no puede ocurrir es el silencio.

El gobernador Carlos Sadir permanece ausente del debate público sobre este episodio. También cabe preguntarse si estamos frente a un problema de gestión, a una falta de conducción política o incluso a una interna dentro del propio gobierno; no lo sabemos, justamente por eso hay que preguntar.

La política prioriza las lealtades políticas por sobre la idoneidad profesional; las consecuencias terminan pagándolas las instituciones y, finalmente, la gente.

La seguridad no puede manejarse con criterios de obediencia política; necesita profesionalismo, capacitación, protocolos y conducción democrática.

¿Habrá llegado el momento de plantear el debate sobre la verdadera democratización de las fuerzas de seguridad en Jujuy?