- La abogada local y referente de CODELCO, Alicia Chalabe, apuntó contra diputados provinciales por no frenar el tarifazo de energía eléctrica.
- Dijo que no solo “se están desentendiendo sino que están conformes”.
El encuentro entre diputados provinciales y autoridades de la Súper Intendencia de Servicios Públicos y otras concesiones (SuSePu) para tratar cuestiones concernientes al aumento del precio de la tarifa de energía eléctrica, aun está siendo materia de análisis de diversos sectores, entre ellos la Comisión de Derechos del Consumidor (CODELCO); su referente local, la abogada Alicia Chalabe, criticó a los diputados jujeños por no frenar el tarifazo (considerando que en la Legislatura se tienen las armas para hacerlo) sino además desentenderse del mismo.
“Es necesario que comprendan la responsabilidad que tienen los funcionarios: proteger al usuario. La Legislatura puede frenar el tarifazo, y no solo se están desentendiendo (del mismo) sino que dicen que están conformes”.
En este sentido, recordó que “la Legislatura permitió que no se facturen el agua y luz juntos porque estaban provistas por dos empresas diferentes”.
También sostuvo que cambiaron las reglas de juego, se modificaron los valores: “CAMMESA dejará de ser el gestor de venta de energía y generadores. El cambio de las reglas de juego no puede ser en contra de los usuarios y los funcionarios están para defenderlos, no a la empresa”.
“El secretario de energía dijo que hay 60% de usuarios con tarifa social. Es lamentable que se desinforme y se justifique los aumentos. Supongamos que el aumento sea del 260% como plantea el diputado, y que en Jujuy se haya aplicado 160% por conmiserativos. Tenemos que pensar lo que puede pagar el usuario de acuerdo al nivel de ingresos que tenemos en la provincia”, agregó.
Por otra parte, adelantó que el 17 de abril concurrirá a una audiencia en el tribunal Contencioso Administrativo con referentes del gobierno y la SuSePu, que “deberán explicar los aumentos, en qué categoría se dieron, si el 160%, con el nivel de ingresos, se puede evaluar como justo, razonable y equitativo”.
Además, consideró que “la empresa puede pretender mantener su nivel de ingresos, pero el Estado le dirá si o no”.