Tecpetrol una subsidaria del conglomerado Techint propone, el presidente de Rinconadillas Marino Callata dispone y en el gobierno celebran la exploración de litio en Grandes y Laguna de Guayatayoc. Hasta aquí todo parece acordado sin contratiempos, entre parte privada, estatal y comunidades. Pero el detalle no menor: “se olvidaron”, de consultar a las otras 36 comunidades que conviven en esa gran extensión de territorio (Lipán ya había dado el visto bueno).
Proyectos inconsultos: duras críticas a la Secretaria de Pueblos Indígenas
La abogada Alicia Chalabe, quien representa a las comunidades asentadas en Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, confirmó el inicio de acciones legales en fuero penal, tras la aprobación de un proyecto de exploración minero que no contempló los intereses de la mayoría de los pobladores. La secretaria de Pueblos Indígenas festejó en las redes la resolución adoptada por los miembros de Rinconadillas, aún cuando otras 36 comunidades fueron dejadas de lado.
Con el poder para representar a las comunidades todavía vigente, la abogada del foro local, Alicia Chalabe visitó Sobremesa (Canal 2) tratando de esclarecer un asunto recurrente en tiempos modernos, porque no parece importar la legislación nacional vigente o los tratados internacionales suscriptos, en Jujuy los pueblos originarios son sistemáticamente pasados por alto.
Venían conversando que iban a hacer respecto de la exploración de litio, la Fundanción de Ambiente y Recursos Naturales que trabaja con nosotros incluso visitó a la comunidad de Rinconadillas para dar un taller en marzo, el 21/06 tenían una asamblea extraordinaria de la misma manera que se hizo en Lipán en marzo 2023… El día anterior se lanzó una convocatoria por distintos asuntos, ninguno referido al litio, a través de WhatsApp donde se incorporaría la empresa Tecpetrol para presentar su proyecto
Es de público conocimiento que en ese sector de la Puna las comunicaciones no funcionan del mejor modo, mucha gente se encuentra literalmente desconectada, por eso las reuniones suelen pactarse con un mes de anticipación. La convocatoria del presidente de la comunidad, donde finalmente se aprobó el proyecto minero, se presume no contó con la participación debida para tamaña decisión.
Aún si la legitimidad de la asamblea no fuera puesta en duda, el punto fundamental para entender el conflicto y la intervención de Chalabe, surge del no llamado al resto de las comunidades. Casi 5.000 habitantes en la zona, fueron apartados de una discusión que lógicamente les compete. Las publicaciones que la secretaria de Pueblos Indígenas, Yolanda Cruz, realizó festejando el visto bueno para la exploración alertaron a los pobladores y la letrada que ya efectuó las primeras diligencias legales.
Desde esas publicaciones surgen las dudas ¿Rehenes de quién? De ser así ¿Qué acciones emprendió la secretaria para protegerlos? ¿Es consciente que no hubo consultas previas al resto de los pobladores de la cuenca?
A criterio de Chalabe, las declaraciones no condicen con la función pública que ejerce, dejando un reguero de suspicacias sobre los intereses que representa, pareciendo más afín a proteger intereses privados, en este caso de empresas mineras que priorizar la defensa de los recursos naturales que administran sabiamente las 38 comunidades indígenas.