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Especialista solicitó replantear "el paradigma de seguridad en Jujuy"

El licenciado Luis Miranda analizó en Sobremesa (Canal 2) la situación delictual que maltrae a los residentes, haciendo énfasis en la necesidad de mejorar integralmente la capacidad de respuesta policial y los recursos humanos.

“Ofrecer seguridad es una obligación del Estado. Debe ser instrumentada a través de la legislación y el desempeño del poder judicial, garantizando un modelo con determinados niveles. No admitir el incumplimiento de ese deber sería necio, no hay político que lo pueda negar”, explicó a modo de introducción durante su visita a Sobremesa (Canal 2).

Embed - SOBREMESA 10-04-24 Luis Miranda, Licenciado en Seguridad

El primer paso para reencauzar el servicio, según el especialista, requiere de un diagnóstico realista, un mapa del delito como se lo llama popularmente. Desde allí una asignación de recursos humanos acorde a los parámetros internacionales, como sugiere la Organización de Naciones Unidas por ejemplo: 1 policía cada 100 habitantes. Y si bien reconoce que Jujuy posee sobradamente personal para esa distribución contabilizando cerca de 9.000 efectivos, la administración de los mismos no atendería la necesidad.

A grandes rasgos los 9.000 son divididos en tres turnos, reduciendo a un tercio su presencia diaria en territorio, además de un porcentaje de entre 8% y 10% que se encuentran en licencia o están afectados a otras tareas. Dejando poco más de 2.200 policías desplegados.

Uno de los problemas detectados por Miranda es el tamaño sobredimensionado de órganos policiales que no actúan con la capacidad requerida para la labor en cuestión, llámese comisarías, cuerpo, dirección, inspectorí a. Se crea estructura pero no se la abastece del personal necesario, al tiempo que el presupuesto cuyo gasto máximo, como pasa en toda repartición estatal se concentra mayoritariamente en salarios, va siendo reducido.

“Históricamente ha tenido un presupuesto de 9,2 a 9,5 del total anual para Seguridad, Policía, Servicio Penitenciario y Patronato de Liberados y Menores Encausados, dentro de eso hay que incrementar las partidas. Al contrario en 2022 se disminuyó un punto del presupuesto general para el rubro seguridad”, por el contrario el crecimiento demográfico no se detiene y el requerimiento es aún mayor que en los períodos pasados.

Miranda remarca un detalle no menor que hace a la eficiencia policíaca “la desmotivación del personal por el descredito social”, que puede apreciarse en distintos procedimientos y la reacción negativa de la población. Para ello sugiere una revisión de los contenidos académicos que los futuros policías o agentes penitenciarios reciben en el Instituto Universitario Provincial de Seguridad.

La policía no tiene el apoyo de la comunidad, se ve en los procedimientos. Requiere un planteamiento que abarque la democratización de las leyes que tiene la organización policial y “Vamos a ver si son recursos humanos proactivos para la prevención o represión. Hay que actualizar la ley orgánica, de personal y de retiro que son antiquísimas. No han sido modificadas desde 1981”, afirmó comprometiendo a la clase política que no atendió tales necesidades.

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