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Votación y aumento de dietas de los Senadores

En la reciente aprobación del aumento de dietas de los senadores, se han evidenciado gestos confusos, manos semiocultas y una tardía aparición de votos afirmativos.

La utilización de la votación a mano alzada, en una era donde la tecnología ha avanzado considerablemente y el voto digital es una posibilidad real, plantea interrogantes sobre la transparencia y la verdadera voluntad de los legisladores. En este contexto, el reglamento de la cámara debería optar, como criterio general, por la votación nominal, que permite una mayor claridad y rendición de cuentas.

Las imágenes captadas durante el momento de la votación positiva carecen de un registro detallado sobre el sentido de los votos, lo que genera dudas acerca de si se alcanzaron los dos tercios de los senadores totales para habilitar el tratamiento del aumento de dietas. La ausencia de una cantidad clara de manos alzadas en el video y la aparente indiferencia de la vicepresidente durante el proceso refuerza estas incertidumbres.

Según los cálculos, se requerían 37 manos levantadas, que representaban dos terceras partes de los 55 senadores presentes. Sin embargo, la fotografía muestra solo alrededor de 19 manos alzadas, y aun así, existen dudas sobre si algunos legisladores que podrían haber votado afirmativamente estaban incluidos en esta cuenta. El lapso de tiempo reducido en el que se explicó la modalidad de votación y se dio por aprobado el tratamiento agrega más interrogantes sobre la validez de los actos posteriores.

¿Cómo interpretar esta falta de manos levantadas? ¿Pone en entredicho la legitimidad de las decisiones tomadas posteriormente? Los usos y costumbres que imperan entre los legisladores sugieren que no, aunque es evidente que, de haberse realizado una votación nominal, la resolución no habría avanzado con los números presentados.

La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales en cualquier sistema democrático. Los ciudadanos tienen derecho a conocer cómo sus representantes votan en cuestiones de interés público, y es responsabilidad de los órganos legislativos garantizar que este proceso sea claro y verificable. La adopción de medidas como la votación nominal puede contribuir significativamente a fortalecer la confianza en nuestras instituciones y en el sistema democrático en su conjunto. Es hora de dejar atrás los gestos confusos y las dudas sobre la legitimidad de las decisiones parlamentarias, y avanzar hacia una democracia más transparente y participativa.

Según fuentes parlamentarias, tanto Milei como Villarruel parecían estar al tanto de lo que iba a suceder y cómo iban a reaccionar, en referencia al voto a mano alzada y sin debate que, en tan solo seis segundos, otorgó a los miembros de la Cámara Alta un aumento del 120% en sus sueldos.

Este incremento salarial es significativo, ya que implica que un senador que antes percibía cerca de 1,8 millones de pesos pasará a cobrar 4 millones de pesos. La rapidez y falta de discusión en torno a esta decisión solo refuerzan la percepción de que algunos sectores políticos actúan en beneficio propio, en detrimento de los intereses de la ciudadanía.

La reacción del Presidente en las redes sociales, denunciando la situación y señalando que solo siete senadores votaron en contra. Sin embargo, es importante destacar que esta declaración omite un hecho crucial: un senador propio de La Libertad Avanza, Bruno Olivera de la provincia de San Juan, había firmado a favor del proyecto, junto con otros referentes de espacios opositores. Cuando su firma se hizo pública, Olivera reconoció su error y expresó arrepentimiento: "Me equivoqué".

En esta ocasión, se revela que dos de los siete senadores del oficialismo mencionados por Milei estuvieron ausentes en el momento de la votación. Los otros cinco, según se informa, habrían bajado la mano al momento de votar.

Sin embargo, es importante destacar que el Presidente omite mencionar el funcionamiento interno del Parlamento. De acuerdo con fuentes del Congreso, La Libertad Avanza había otorgado los dos tercios necesarios para que el tratamiento del aumento de dietas se llevara a cabo en el Plenario de Labor Parlamentaria. Además, se señala que cualquier senador que esté en desacuerdo con el aumento puede manifestar su posición solicitando la palabra durante la votación. A pesar de la rapidez con la que se llevó a cabo la votación, nadie objetó el proceso.

Es fundamental destacar que aquellos senadores que estén en contra de aumentarse su sueldo tienen la opción de solicitar que no se les contemple ese incremento en su liquidación y, en su lugar, pueden optar por donar ese dinero. Hasta el momento, ninguno de los senadores de La Libertad Avanza ha hecho este pedido, mientras que dos senadores de la UCR, Mariana Juri y Rodolfo Suárez, dijeron no cobrarlo.

También se ha desatado un considerable revuelo en las redes sociales, llevando a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, a defenderse y desligarse de la medida, aunque sin expresar una postura en contra de la misma. Este episodio se suma a otro acontecimiento reciente: hace poco más de un mes, Villarruel y el titular de Diputados, Martín Menem, habían dispuesto un aumento del 40% para legisladores y empleados del Congreso, medida que tuvieron que revertir tras un pedido explícito del jefe de Estado.

El contexto económico y las críticas sobre el accionar de la clase política han exacerbado la sensibilidad en torno a estos temas. La presidente del Senado, en un intento por distanciarse de la controversia, afirmó que como vicepresidenta no tiene poder para influir en las decisiones tomadas por los senadores, ya que no es una de ellos y no recibe salario del Senado.

En una publicación en sus redes sociales, Villarruel aclaró su posición, señalando que no tiene la capacidad de exigir que se vote nominalmente ni de justificar las decisiones avaladas por la mayoría. Lamentó las acusaciones infundadas y el intento de "ensuciar" su imagen por parte de ciertos sectores, asegurando que lo sucedido en el Senado es legal y que ella no tiene herramientas para detenerlo.

Si bien es cierto que la vicepresidenta no tiene autoridad directa sobre las decisiones del Senado, su rol como líder política implica una responsabilidad moral en la defensa de los valores democráticos y el bienestar de la ciudadanía.

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