La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, aceptó incorporar modificaciones reclamadas por sectores aliados para destrabar el apoyo al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa impulsada por el ministro Federico Sturzenegger que generó tensiones dentro del oficialismo y diferencias con bloques dialoguistas.
Senado: Patricia Bullrich cedió ante los aliados y acercó posiciones por la Ley de Tierras
El oficialismo ajustó la redacción del proyecto para garantizar apoyos en la Cámara Alta. Hizo cambios sobre el régimen de adquisición de tierras rurales por extranjeros. La ex ministra expuso las modificaciones ante su bloque y busca sumar a legisladores dialoguistas.
La intención de los libertarios es sancionar el próximo jueves la iniciativa, que ya cuenta con dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, aunque sufrió 16 modificaciones en su redacción hasta el momento. En el Senado no descartan que durante la sesión puedan incorporarse nuevos retoques técnicos.
La sesión prevista para el 16 de julio pasó a un cuarto intermedio y se retomaría este jueves, cuando el oficialismo buscará avanzar con un proyecto que incluye cambios en la Ley de Tierras, desalojos exprés y modificaciones en la Ley de Manejo del Fuego.
El principal punto de conflicto estuvo centrado en la reforma de la Ley de Tierras, especialmente en el régimen para la compra de suelo argentino por parte de extranjeros. Ese aspecto fue el eje de la reunión virtual que Bullrich mantuvo este lunes con el bloque oficialista, donde expuso los pedidos realizados por bancadas como el PRO, la Unión Cívica Radical y distintas fuerzas provinciales.
El radicalismo mantiene diferencias internas que podrían poner en riesgo la aprobación de la iniciativa. Los senadores bonaerense Maximiliano Abad, pampeano Daniel Kroneberger y catamarqueño Flavio Fama sostienen una postura diferente a la de otros siete integrantes del bloque que responden particularmente a sus gobernadores.
Además, los senadores radicales reciben presión de sectores internos del partido. El Comité Nacional, encabezado por Leonel Chiarella, y la Organización de Trabajadores Radicales (OTR), cuyo secretario general nacional es Luis Cerini, plantearon objeciones al proyecto. Junto a Jorge Astone, de Buenos Aires, Darío Merlo, de Santa Fe, y otros dirigentes, señalaron que “la venta de territorio nacional pone en riesgo nuestra soberanía, nuestros recursos estratégicos, nuestra agua y principalmente, la apertura de fronteras a cualquier experimento sin control”.
En paralelo, los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, de Encuentro Misionero, inmersos en la disputa política provincial entre el gobernador Hugo Passalacqua y el referente provincial Carlos Rovira, habrían decidido acompañar el proyecto en general, aunque rechazarían el artículo tercero referido a la venta de tierras rurales a extranjeros.
Ese artículo representa el punto central de las reformas impulsadas por Sturzenegger dentro del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La versión original planteaba eliminar límites para la venta de tierras rurales a extranjeros, una posición que generó diferencias con Bullrich y con algunos aliados legislativos.
La nueva versión del proyecto establece un límite del 25% “por provincia” para la venta de territorio a extranjeros, con autorización tanto del Poder Ejecutivo Nacional como del gobierno provincial correspondiente. Actualmente, la Ley de Tierras establece que solo puede venderse a extranjeros hasta el 15% de las tierras rurales de cada jurisdicción y fija, además, que ninguna persona física o jurídica extranjera puede superar las 1000 hectáreas en la zona núcleo o su equivalente en otras regiones.
Entre los cambios incorporados para conseguir respaldo de la oposición dialoguista, se incluyó una serie de prohibiciones vinculadas a la adquisición de tierras. El texto plantea “la prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de personas jurídicas, cualquiera sea su naturaleza jurídica o denominación, así como de agrupaciones de colaboración, uniones transitorias de empresas y demás vínculos asociativos, todos ellos con participación estatal extranjera directa o indirecta”, salvo autorización de la provincia donde se ubique el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional.
El nuevo artículo tercero establece “la prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de personas humanas o jurídicas, de nacionalidad extranjera, por encima del 25% en el territorio de cada provincia”.
Además, agrega que “toda adquisición deberá ser inscripta en el registro inmobiliario de cada provincia consignando en un asiento especial los datos y la nacionalidad del adquirente”.
Otro de los reclamos de los senadores de provincias fronterizas fue incorporar una doble autorización para la compra de tierras rurales: del Gobierno nacional y del gobierno provincial. Según el nuevo esquema, el Poder Ejecutivo Nacional tendrá intervención en materias vinculadas a “seguridad nacional, objetivos estratégicos y defensa nacional”.
Los bloques dialoguistas también pidieron que la aplicación de la norma contemple el artículo 41 de la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente, debido al uso de recursos naturales estratégicos.
Todos los cambios serán presentados este martes a las 16 en la Cámara Alta, durante una conferencia encabezada por Bullrich y por los senadores Agustín Coto y Nadia Márquez, titulares de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, respectivamente.