El Senado buscará avanzar este miércoles con la nueva ley de Discapacidad, que garantiza recursos para las prestaciones y establece un cronograma para regularizar los pagos adeudados a los prestadores durante este año. El oficialismo intentará conseguir dictamen antes de la llegada del papa León XIV a la Argentina y abrir el camino para su tratamiento en el recinto durante las últimas semanas de noviembre.
El Senado acelera el debate por la Ley de Discapacidad y se busca conseguir dictamen
La Cámara Alta debatirá este miércoles el proyecto aprobado por Diputados, que establece un esquema permanente de financiamiento y pone fin a la emergencia en el sector. Los libertarios esperan llevar la iniciativa al recinto durante la segunda mitad de noviembre.
El debate comenzará a las 16, en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano, encabezadas por los senadores Agustín Monteverde (La Libertad Avanza) y Alicia Kirchner (Justicialista), respectivamente.
La iniciativa llegó desde la Cámara de Diputados, donde fue aprobada en octubre con una amplia mayoría, y reemplaza el esquema de emergencia por un sistema permanente de financiamiento y prestaciones para las personas con discapacidad.
Los cambios que propone la nueva ley de Discapacidad
El proyecto, denominado Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, ratifica la compatibilidad de la Pensión No Contributiva por Discapacidad con el empleo formal.
También permite que esa prestación mensual se perciba junto con otros programas sociales, como la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad.
Otro de los puntos garantiza la continuidad del programa de prestaciones médicas Incluir Salud, o de la denominación que adopte en el futuro, y contempla la asignación de partidas presupuestarias específicas. Además, habilita la utilización de recursos previstos en la Jurisdicción 91 del proyecto de Presupuesto 2027.
La iniciativa establece que el Poder Ejecutivo deberá garantizar la participación del Consejo Federal de Discapacidad (CoFeDis) en el diseño de futuras políticas públicas.
En cuanto a la suspensión de beneficios, incorpora un mecanismo de notificación fehaciente y otorga un plazo de 60 días para que las personas afectadas puedan presentar su descargo. Luego, la autoridad competente deberá revisar cada caso.
El financiamiento, la principal concesión del oficialismo
Uno de los puntos centrales de la negociación entre los bloques fue la garantía de recursos para sostener las prestaciones.
El proyecto dispone que los gastos deberán cubrirse con partidas específicas asignadas anualmente por el Ministerio de Salud. También establece que el financiamiento no podrá ser inferior, en términos reales, al del ejercicio anterior.
Esa condición fue determinante para conseguir el acompañamiento de distintos espacios políticos y avanzar con una iniciativa que reemplaza la declaración de emergencia por un esquema permanente.
El texto también contempla un cronograma para regularizar durante este año las deudas con los prestadores del sistema.