Mientras se continúa discutiendo en el Senado la posibilidad de interpelar a Manuel Adorni, el oficialismo logró alivio al avanzar con un dictamen de la ley Hojarasca, una de las prioridades del Ministerio de Desregulación. La Libertad Avanza contó con el apoyo del PRO, la UCR y aliados provinciales.
El proyecto modifica o deroga 63 leyes y suspende dos decretos, considerados vetustos, en desuso o burocráticos. Logró una cómoda media sanción en Diputados, con 138 votos a favor y 96 en contra, y está listo para elevarse a sesión en el Senado, en donde aguardan otros temas prioritarios: la ley de "inviolabilidad de la propiedad privada" (que modifica las normas de Tierras y de Manejo del Fuego) y una serie de designaciones de jueces.
"La Ley Hojarasca es una herramienta para ordenar nuestro sistema normativo, reducir burocracia y avanzar hacia un Estado más eficiente. No se trata de quitar derechos, sino de eliminar regulaciones obsoletas que ya no cumplen ninguna función real", planteó Nadia Márquez, quien presidió el plenario junto a Agustín Coto.
Dos bloques peronistas, Convicción Federal y Justicialista, presentaron sus propios dictámenes: en el primer caso, pidieron omitir las reformas que alcanzan iniciativas culturales; mientras que en el segundo, solicitaron tratar las reformas en la Comisión Bicameral del Digesto Jurídico, o bien discriminar las leyes en su tratamiento para no derogar de forma conjunta las vetustas de las que tienen aplicación posible.
Ley Hojarasca: cuáles son algunas de las leyes derogadas
Entre los proyectos que han quedado en desuso, se deroga la ley que crea una matrícula de las palomas mensajeras de carrera o la que obliga a tener un “carnet de mochilero”. Sin embargo, hay otros que tienen una clara aplicación pero no se condicen con la posición del Gobierno: se deroga la promoción de la apicultura y se remueve la Ley 16.789, que establece que los funcionarios que adquieran automóviles destinados a su servicio, “deben comprarlos entre los productos de la industria automotriz nacional”.
También se deroga la Ley 25.750 (de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales) que determina que el Estado debe preservar "patrimonio antropológico, histórico, artístico y cultural", "empresas dedicadas a la ciencia" e "industrias de relevante importancia para la defensa nacional", además de limitar "participación de empresas extranjeras hasta un máximo del 30% del capital accionario" de medio de comunicación.
El oficialismo ya había cedido una serie de cambios. Dio marcha atrás con ciertas derogaciones que resultaron convenientes para legisladores, como la existencia de credenciales de libre circulación y estacionamiento (Ley 20.959) o la creación del Círculo de Legisladores (20.984), que podrá seguir recibiendo fondos de la gestión nacional.
Además, se conservará la Ley Nº11.380, que ofrece facilidades crediticias a las cooperativas por parte del Banco Nación, además de que las exime de impuestos nacionales por papel sellado, por el valor de los edificios y construcciones y por patentes. Según pudo saber Ámbito, desde los bloques reclaman por la quita de la exclusividad del financiamiento nacional a la Federación Argentina de Municipios (como se establece en la ley 24.807) y la derogación de la Ley 26.688, que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de fármacos, vacunas y productos médicos.
La particularidad es que la nueva redacción contempla una excepción en el caso de la emblemática "ley del Lobizón" N°20.843, que institucionaliza la tradición del padrinazgo presidencial del séptimo hijo varón o de la séptima hija mujer de una pareja, garantizándole una beca de estudios vitalicia. Si bien esa norma es removida, la ley Hojarasca propone que aquellos ahijados de algún Presidente "podrán optar por seguir manteniendo sus beneficios".