Las jornadas, que ya recorrieron establecimientos educativos de La Quiaca y Yavi con el apoyo de municipios locales y docentes, buscan acercar los conceptos legales a los jóvenes desde una perspectiva interactiva y preventiva.
En diálogo con Radio 2, el fiscal Alberto Mendivil destacó la alta participación y receptividad de los estudiantes, subrayando que la iniciativa se aleja de las tradicionales exposiciones teóricas: “La idea era hacerlos participar y no una charla monótona y aburrida. Comenzamos siempre con dos palabras: libertad y su contracara, que es la responsabilidad”.
Delitos en redes, bromas y percepción de la ley
Uno de los aspectos que más sorprendió a los equipos fiscales durante los conversatorios fue la confusión existente entre conductas cotidianas o bromas y la comisión efectiva de un delito. Según detalló el fiscal, muchos jóvenes desconocen que determinadas acciones pueden derivar en una imputación penal, especialmente aquellas vinculadas al uso indebido de los teléfonos celulares y las nuevas tecnologías.
"Nos llamó la atención que ellos consideraban determinados hechos como una broma, y cuando les decíamos que eso constituía un delito, veíamos la cara de asombro de los chicos. El celular es una herramienta muy poderosa, pero en malas manos también puede hacer daño y cometer delitos", advirtió Mendivil.
Asimismo, durante los encuentros se enfatiza que la nueva normativa prioriza las salidas alternativas y medidas socioeducativas, quedando la privación de la libertad como una excepción reservada para casos de extrema gravedad.
Trabajo interinstitucional y extensión a la región
El ciclo de charlas contempla un total de diez jornadas en su primera etapa, con planes de extender la metodología a otras localidades como Abra Pampa. Desde el Ministerio Público de la Acusación remarcan que estas acciones forman parte de una política de cercanía con la comunidad, articulando esfuerzos con los municipios para garantizar el transporte y el espacio físico en zonas alejadas.
Si bien en la jurisdicción norteña se han registrado casos graves con participación de menores —como delitos de índole sexual—, los operadores judiciales insisten en que el objetivo central de estas intervenciones es la prevención y la reflexión temprana, promoviendo que los adolescentes dimensionen las consecuencias legales y sociales de sus actos antes de que deban intervenir los estrados judiciales.
