El reclamo era por una supuesta venta de territorios comunitarios. Los lugareños exigían tener sus títulos comunitarios, solicitando que el estado efectivice la entrega de los títulos comunitarios dando prioridad a los pueblos indígenas en la devolución de tierras “aptas y suficientes”, derechos reconocidos en la Constitución Nacional desde 1994.
Tras la protesta, el Ministerio Público de la Acusación inició una investigación penal preparatoria.
Al respecto, ya se emitieron oficios a la empresa inmobiliaria, a la Dirección Provincial de Inmuebles y a la Secretaria de Pueblos Indígenas de la provincia, solicitando a esta última información sobre el territorio de esta comunidad.
Además, se ordenó que mañana se realice una inspección ocular, relevamiento fotográfico complementado con filmaciones aéreas que serán realizadas con un drone.