Por eso, su exigencia es que se lo eleve a Nivel 2 y así poder contar con los recursos, tanto humanos como técnicos para brindar un mejor servicio de salud pública.
Pese a sus planteos, desde el gobierno provincial les habrían dicho que “no es factible” su planteo, situación que desató profundo malestar en la comunidad que, sin respuestas a nivel local acudieron a Nación.
El reclamo por el Hospital de Abra Pampa llegó a la Capital
Soledad Martínez, vecina de Abra Pampa, se presentó en la capital provincial junto al titular del Comité de Defensa del Consumidor (CODECUC), Alejandro Mur, para iniciar acciones legales y administrativas contra el Estado provincial ante la falta de profesionales, insumos y equipamiento en el Hospital Nuestra Señora del Rosario.
Con el respaldo de 2.780 firmas de vecinos y referentes comunitarios de 16 barrios, la entidad representante de los usuarios formalizó un requerimiento administrativo previo a la interposición de un recurso de amparo judicial para forzar la reestructuración del nosocomio local.
Martínez detalló la grave situación que atraviesan los más de 18.000 habitantes de la zona y áreas aledañas, señalando que la degradación del centro de salud a un nivel de complejidad 1 —equivalente a una sala de primeros auxilios— impide la atención de partos y emergencias complejas.
"Hace dos años que las mamás no pueden tener sus bebés en Abra Pampa por no tener servicio de quirófano. Hoy en día no tenemos niños abrapampeños; hay mamás que perdieron su bebé camino a La Quiaca o hacia San Salvador de Jujuy porque el bebé murió en la panza. En las respuestas oficiales nos dicen que no hay plata y que debemos resignarnos a ir a otros hospitales", denunció.
Por su parte, Mur calificó la desatención estatal como una vulneración directa a los derechos constitucionales de salud y advirtió sobre las responsabilidades penales que derivan de las muertes ocurridas durante los traslados.
"Estamos elaborando un reclamo administrativo previo al posible amparo judicial para que el Ministerio de Salud dote de más médicos generalistas, especialistas, insumos y enfermería. El hecho de que un paciente no reciba la atención adecuada y fallezca en el camino configura el delito de abandono de persona. El Estado no puede desconocer o abandonar a la gente cuando la Constitución provincial garantiza la atención pública de la salud", remarcó.
