La diputada nacional Bárbara Andreussi, de La Libertad Avanza, sostuvo que la iniciativa persigue el "disciplinamiento" de la ciudadanía y busca reinstaurar mecanismos de persecución a la opinión pública en redes sociales.
"Un disfraz para modificar el Código Contravencional"
Según la legisladora nacional, si bien la primera parte del texto copia lineamientos de la Ley Olimpia (Ley Nacional N° 27.736) —norma de orden público de alcance federal—, el aspecto crítico radica en las modificaciones propuestas sobre el Código Contravencional de la provincia.
"La Ley Olimpia es una ley muy completa y de orden público para todo el país. Lo que hace el frente oficialista es presentar un proyecto que en su primera parte es una copia de la Ley Olimpia, pero lo grave es que modifica el Código Contravencional de la provincia de Jujuy, dejando en manos del Poder Ejecutivo la sanción de lo que ellos crean que es violencia digital”, relató Andreussi al dialogar con Radio 2.
Además, remarcó la falta de independencia del fuero contravencional, señalando que la instrucción de las causas y la designación de los jueces dependen en última instancia de la órbita del Poder Ejecutivo Provincial.
Tipificaciones ambiguas, penas de arresto y multas millonarias
Entre los puntos más controvertidos del proyecto, la diputada detalló el alcance inconstitucional del artículo 68 bis y la inclusión de tipificaciones ambiguas como "hostigamiento" o "afectación del honor", que a su criterio superponen facultades contravencionales con el Código Penal de la Nación:
- Inconstitucionalidad: Se pretende penalizar conductas cuyos márgenes de interpretación quedan a criterio del Ejecutivo o del juez contravencional.
- Sanciones severas: La normativa estipula penas de arresto y sanciones pecuniarias de hasta 100 unidades de multa, lo que equivaldría a montos cercanos a los 20 millones de pesos.
- Superposición legal: Un código contravencional no puede arrogarse el juzgamiento de delitos regulados por el Código Penal (como calumnias e injurias).
"Es una ley abiertamente inconstitucional. Pone sanciones de arresto para conductas cuya interpretación está en manos del gobernador o de un juez contravencional designado por él. Para mí es una forma de disciplinar a la población para decirle sobre qué puede opinar y sobre qué no. Es peor que censura, es autocensura”, sentenció.
Los antecedentes locales y el reclamo de inconstitucionalidad
Durante la entrevista, se recordaron antecedentes recientes en la provincia relacionados con causas contravencionales y detenciones derivadas de publicaciones en la red social X (ex Twitter). Andreussi señaló que, en caso de ser sancionada la ley en la Legislatura, se buscará la vía judicial para declarar su inconstitucionalidad, aunque advirtió sobre la falta de independencia de los poderes locales.
"Este proyecto tiene un solo sentido: darle al Poder Ejecutivo las herramientas para encarcelar o sancionar a los ciudadanos por sus dichos en las redes sociales. Lo que plantean sobre prevención de la violencia digital ya está definido en leyes nacionales. No hay que dejarse avasallar", cerró la legisladora nacional.
