Mientras los despachos oficiales se llenan de brillo con los números récord de la minería, que en el primer bimestre de 2026 muestran un crecimiento del 79% en exportaciones y un litio que se dispara con un alza del 115% interanual, en los hogares jujeños el menú sigue siendo la incertidumbre y la carestía.
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Querellas penales colectivas: el camino para recuperar la transparencia
Lo que estamos viendo hoy en Jujuy no es solo una brecha estadística: es una bofetada a la realidad económica de cada trabajador estatal y de cada familia que camina nuestras calles.
Es inadmisible que, en el pico histórico de renta minera, la respuesta oficial sea el ocultamiento deliberado. Al transformar las regalías en “aportes no contributivos”, el gobierno no está realizando una simple maniobra contable: está ejecutando un acto de prestidigitación política para borrar de la mirada pública el dinero que pertenece al pueblo. Esta “democracia patrimonial” no es otra cosa que un feudo moderno, donde se confunde el patrimonio del Estado con la billetera de los funcionarios de turno.
La comparación con Santiago del Estero resulta tan incómoda como necesaria: sin contar con el “oro blanco”, allí se reconoce la dignidad del trabajador con bonos que cuadruplican los 100 mil pesos que se ofrecen en Jujuy para el Primero de Mayo. Aquí, en cambio, el misterio se defiende porque la transparencia incomoda. El esquema es perverso: se extrae la riqueza del suelo jujeño, se liquida en dólares que engrosan balances lejanos, y a cambio queda un territorio explotado y una administración que se niega a rendir cuentas, amparada en una opacidad que roza lo inadmisible.
Ya no alcanza con el reclamo o los pedidos de informes que terminan archivados. La vía judicial y las querellas penales colectivas surgen como el último recurso de una ciudadanía cansada de ser espectadora de su propio despojo. Si el litio es de los jujeños, los números deben estar sobre la mesa. Porque con las regalías que hoy se esconden no solo podrían garantizarse salarios dignos, sino también reconstruir la infraestructura de una provincia que hoy languidece entre necesidades urgentes y decisiones políticas cuestionables.
Aquí entramos en el terreno de la responsabilidad institucional. Cuando el dinero de todos se maneja como una caja privada, lo que se quiebra es el contrato social básico. Esta discrecionalidad, que lleva más de una década instalada, no es un error de gestión: es un sistema que se sostiene en la falta de controles. La pregunta que resuena es inevitable: ¿dónde está la justicia? ¿Por qué los tribunales, que deberían actuar como límite, parecen mirar hacia otro lado?
No puede hablarse de una democracia plena cuando el ciudadano es despojado de su derecho a saber cuánto entra y en qué se gasta cada peso. Eso no es gobernar: es administrar lo ajeno como propio. La justicia jujeña tiene una deuda con la transparencia, porque al no intervenir frente a estas situaciones permite que los recursos naturales se transformen en un botín opaco.
Por eso, las querellas penales colectivas no son solo una estrategia legal: son un reclamo por recuperar institucionalidad. Sin rendición de cuentas, sin información pública y sin un poder judicial que actúe, Jujuy seguirá atrapada en una paradoja: una provincia rica en recursos, pero empobrecida por decisiones políticas que no logran —o no quieren— traducir esa riqueza en bienestar para su gente.