Lo que indigna es el contraste obsceno entre esos recursos públicos, que pertenecen a todos los argentinos, y la parálisis de los servicios esenciales: la obra social sigue desfinanciada, el sistema de transporte está en terapia intensiva y, lo más doloroso, se ignora el rescate de chicos atrapados en el consumo problemático en barrios como Malvinas y otros sectores vulnerables. Mientras tanto, la respuesta oficial es seguir pasando la gorra para que el Gobierno nacional pague la fiesta.
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Se gastaron lo que no tenían y ahora pretenden que Nación pague la fiesta
Cuando hablamos de que el gobierno de Carlos Sadir ha entrado en un estado de desesperación, no se trata de una exageración, sino de una descripción quirúrgica de la realidad jujeña. Mientras el gobernador se sienta frente al ministro del Interior a pedir auxilio urgente, omite decir que en apenas tres meses la provincia recibió cinco mil millones de pesos en concepto de ATN, fondos que parecen haberse esfumado en un verdadero agujero negro administrativo.
Hay que decirlo con claridad: la crisis de la microeconomía y la caída de ventas en el sector privado no son responsabilidad exclusiva del escenario nacional, sino también del esquema financiero ideado durante la gestión de Gerardo Morales y continuado por Sadir, que consiste en pisar los salarios de miles de empleados públicos para cubrir una deuda externa impagable y estéril.
Al asfixiar el poder adquisitivo del trabajador estatal, se dinamitó el motor de la economía local, dejando al comerciante y al pequeño empresario contra las cuerdas, agobiados por tasas e impuestos. Sin embargo, el gobierno provincial insiste en trasladar su fracaso político a la Casa Rosada.
Ya no hay lugar para el concepto de barril sin fondo ni para ministerios con presupuestos millonarios que operan bajo un manto de opacidad. En este nuevo escenario, la hora de la verdad exige que el Ejecutivo deje de buscar culpables afuera y empiece a rendir cuentas sobre cada peso de las regalías y de los fondos nacionales. Gobernar no es gastar compulsivamente, sino administrar con prioridad en la gente, y no en los acreedores de una deuda que no trajo beneficios concretos al pueblo.
En términos políticos, lo que Sadir intentó en Buenos Aires fue un ejercicio de equilibrismo desesperado para despegarse de una gestión que se está quedando sin margen. Al pedir “urgencia” por situaciones locales, el propio gobernador reconoce implícitamente que el relato de la “Jujuy potencia”, esa provincia que supuestamente se iba a salvar con el litio y el turismo, no logra traducirse en mejoras reales para la población.
La paradoja es evidente: mientras se promociona al mundo como un polo de inversiones y desarrollo, puertas adentro la provincia está asfixiada por una deuda en dólares contraída en años anteriores, que se devora cualquier ingreso extraordinario. Por eso, aunque el litio brille y el turismo crezca, ese dinero no se refleja en salarios, ni en obra pública, ni en calidad de vida.
Lo que el gobierno fue a buscar a Buenos Aires es, en definitiva, un salvavidas político: que Nación absorba el costo del ajuste para evitar el impacto social en una provincia donde los trabajadores estatales —verdadero motor de la economía— tienen sus ingresos pulverizados.
La realidad es ineludible: el modelo de la “Jujuy potencia” chocó contra los límites de una mala administración. Hoy, la caja está en crisis, el financiamiento externo se agotó y el relato de la abundancia ya no alcanza para tapar los agujeros de una gestión que gastó lo que no tenía y ahora pretende que otros paguen las consecuencias.