Comunidad de Purmamarca llegó a Capital para exigir que frenen su desalojo
Se trata de familias de la Comunidad CIPAQUI, que recibieron intimaciones para que en el plazo de 15 días abandonen las tierras donde viven y trabajan. Expresaron su indignación y denunciaron avasallamiento de derechos.
- Conflicto: Familias de la Comunidad CIPAQUI de Purmamarca fueron intimadas a abandonar sus tierras.
- Malestar: Denuncian avasallamiento de derechos y recibieron intimaciones de 15 días.
- Reclamo en Capital: Llegaron a la ciudad para exigir que se frene el desalojo.
Culminando el año pasado se dio un nuevo caso de comunidades originarias preocupadas por amenazas de desalojo. La situación se registró en Purmamarca, con una familia de la Comunidad CIPAQUI recibió la notificación de desalojo de la Fiscalía, situación que le generó temor e incertidumbre. Ellos manifestaron tener la documentación de las tierras en disputa.
El conflicto tuvo unos de meses de calma hasta que promediando este mes de abril de 2026, familias de la comunidad de CIPAQUI recibieron nuevas intimaciones de desalojo. Les dieron un plazo de 15 días para dejar las tierras.
Reclamo en Capital
Alarmados por lo ocurrido, decidieron autoconvocarse y trasladarse hasta la capital jujeña en busca de respuestas. Este viernes manifestaron su malestar en Plaza Belgrano, exigiendo que el gobierno deponga su actitud.
Marta Chocobar, comunera de Cipaqui, expuso que la familia Quival, compuesta por cuatro hermanos (todos adultos mayores yuno de casi 80 años), recibió una notificación de desalojo con un plazo de 15 días, acusándolos de ocupación indebida.
La comunera y los afectados sostienen que son descendientes preexistentes reconocidos por la Constitución Nacional (Art. 75, inc. 17) y no ocupantes ilegales, criticando que no se les haya otorgado un título comunitario en 10 años.
Señaló que los afectados viven de su siembra y trabajo propio, y expresan gran y angustia ante la posibilidad de perder su hogar de toda la vida. Remarcó además que se presentaron notas pidiendo al Procurador, gobernador y vicegobernador que frenen el desalojo, acusando a las autoridades de violar sus derechos constitucionales y de actuar motivados por intereses territoriales tras una reforma constitucional cuestionada.
Tito Quival, damnificado, también expresó durante la manifestación: “No puedo vivir, no puedo comer por todo esto, es injusto lo que hace este gobierno”.