Resuelven en Libertador conflicto generado por casos de lesa humanidad

El conflicto se generó luego de conocerse que el Concejo Deliberante de la Ciudad de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, declaró a esa ciudad "libre de Ledesma", iniciativa mediante la cual se sustituirán los productos elaborados en el ingenio jujeño por otros de características similares en un acto de repudio a la actuación de sus directivos durante el Terrorismo de Estado.

A consecuencia de ello, el Deliberante de Libertador General San Martín, sacó una resolución repudiando este hecho, como una manera de preservar las fuentes laborales y la continuidad de la empresa azucarera, perjudicando a la comunidad.
Para  esta situación, el diputado Pablo Baca (UCR) sostuvo que la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura debió intervenir en el conflicto generado entre los ediles y los familiares para evitar que tenga mayor trascendencia y resultados negativos.

Gracias a esa intervención, explicó el legislador, se logró la creación de la Comisión de Derechos Humanos en el Concejo Deliberante de la ciudad de Libertador. “Se ha suscitado un mal entendió en el cual algunos actuaron de mala fe, consistente en poner en cuestión por un lado, la demanda de justicia que  llevan adelante las víctimas de derecho humano y que además tramitan por un expediente judicial. Y por otro lado que es la situación de la empresa Ledesma, que da trabajo e impulsa el desarrollo de toda la región, como sabemos es una empresa que tiene una enorme gravitación en toda la región y la provincia. A la comisión llegó una demanda de muchas personas que estaban siendo citados como testigos en los juicios de lesa humanidad y que de alguna manera eran víctima también ahora de la situación que se plantea en esa zona, donde se percibe a los juicios y se busca castigar los delitos que se cometieron en la dictadura. Se perciben como si pusieran en riesgo fuente de trabajos, como si de alguna manera pudieran perjudicar a la comunidad. En consecuencia el Concejo Deliberante de Libertador había emitido dos resoluciones, una repudiando a un Concejo Deliberante de la ciudad de Ituzaigó (provincia de Buenos Aires) llamando a no comprar productos de Ledesma y otra resolución solicitándole a la Cámara de Diputado de la Nación, que también fue comunicada a la Legislatura de Jujuy,  que se procediera con prudencia en las expresiones cuando se refiera a delitos cometidos durante la dictadura y que se atribuyen a directivos o administradores de esa empresa” explicó el legislador.

Destacó que la Comisión Especial se reunión con el Concejo Deliberante en la ciudad de Libertador General San Martín y luego de un intercambio de expresiones y opiniones, donde por un lado los concejales expresaron las razones que tenían para venir procediendo de la manera que lo venían haciendo, y por otro lado las víctimas, los familiares y los organismo también hicieron escuchar sus posiciones. Se llegó a dos decisiones, en una el Concejo Deliberante de Libertador va a crear una Comisión de Derechos Humanos. Por otro lado se va a emitir una resolución conjunta entre la Comisión Especial y el Concejo Deliberante, a través de la cual se va a expresar la necesidad que se llegue hacer justicia, respecto a los crímenes que se cometieron en la dictadura, que se esclarezcan, que se establezcan sus responsables y que se impongan las penas que correspondan” enfatizó.

Consecuentemente, dijo Baca, “ha sido una actividad muy importante porque ha mediado de alguna manera la Comisión Especial en un conflicto social, donde se instala un mal entendido y en particular se re victimiza a muchas personas que fueron víctimas de violaciones de derechos humanos durante el proceso y que están siendo dictada en estos días en el proceso judicial. De por sí esta es una experiencia traumática porque tiene que recordar y reconstruir hechos trágicos y a eso se le sumaba la situación de tener que verse de alguna hostigado o molestado en la zona en donde viven por este mal entendidos que se pretendía instalar”.

Recalcó que “de cierta manera se sentían perseguidos, por personas que naturalmente están preocupados por sus fuentes de trabajo, pero que no se trata en este caso de la fuente de trabajo, sino de hacer justicia. No se puede poner como alternativa a la justicia la protección de una fuente de trabajo. De hecho no es verdad, de ninguna manera no se pone en riesgo una empresa ni tampoco el bienestar de una zona ni la conservación de una fuente de trabajo”.