Reforma constitucional: “Es una decisión interna del PJ que se convierta en una política de Estado”

Desde hace ya un tiempo, el Gobierno provincial viene insistiendo con la necesidad de reformar la Constitución provincial para así poder “acomodar” la ley a las necesidades del Partido Justicialista. La oposición ha manifestado en reiteradas oportunidades que no acompañará esta iniciativa y que no es necesario reformar la Constitución provincial.

Sin embargo, el Partido Lyder que encabeza la diputada provincial Isolda Calsina aún no ha emitido opinión al respecto. Su decisión se basa en el hecho que el PJ todavía no ha presentado oficialmente el proyecto de ley que avanza en este sentido.

Entrevistada por Radio 2, Calsina manifestó que “en realidad nos han visitado algunos dirigentes del partido Justicialista, nos han pedido una audiencia la semana, el partido se la concedió, vinieron a la sede de Lyder, los hemos escuchado y hemos intercambiado preguntas, ellos nos han respondido acerca de cuáles son los temas y algunas ideas, nos han mostrado algunos avances que han tenido en las instituciones intermedias”.

“Una vez que ellos tomen una decisión final y presenten su proyecto, recién vamos a considerar qué decisión tomará Lyder. Acá tenemos que analizar muchas cuestiones, la reforma constitucional es un tema muy importante para Jujuy”, señaló.

Y agregó que “más allá de eso, creemos que una decisión interna que ha tomado el Partido Justicialista, de ahí a que se convierta esto en una política de Estado o que se generen los consensos hay mucho trecho. Ellos están haciendo lo que les parece, de ahí en más, hasta que ellos formalicen su propuesta sobre un proyecto real, vamos a ver qué dicen porque son todas aproximaciones e ideas que se vienen conversando, pero nada más que eso”, dijo.

Por otro lado, la diputada provincial se refirió también al anuncio que hizo el Gobierno sobre una vindicación que presentará por los dichos de los gremios estatales, quienes “sugirieron” que el Gobierno destina el dinero estatal a “asuntos personales” en lugar de pagar los sueldos, en alusión a la negativa del mismo a otorgar una ayuda extraordinaria de por lo menos 2.500 pesos (la ayuda otorgada fue de 1.750 pesos en dos tramos).

“Lo dice la Constitución, cuando un funcionario es sospechado de cualquier modo de cometer un delito, tiene el derecho de vindicarse, de pedir a los jueces que investiguen y vean si es cierto o no aquello de lo cual se sospecha. Me parece que es un proceso constitucional que está previsto y que tiene todas las facultades de usarlo”, mencionó al respecto.