Mario Mallagray se refirió a la “democratización de la Justicia”

El presidente del Colegio de Abogados de Jujuy, Mario Mallagray, mantuvo un largo diálogo en el programa Un nuevo día, en el que dio su opinión sobre los anuncios que realizó la presidenta Cristina Fernández, en relación a la llamada democratización de la Justicia”.

Si bien Mallagray dijo que no pudo leer los proyectos, sostuvo que “de los anuncios de nuestra presidenta hay algunas cosas en las que seguramente todos vamos a coincidir, a estar de acuerdo y otros no”.

Una de las propuestas es la Ley de ingreso democrático al Poder Judicial y al Ministerio Público Fiscal, por la que los aspirantes a empleados judiciales deberán demostrar el mérito a través de un examen. La idea es buscar una ley de democratización de ingreso al Poder Judicial, al Ministerio Público Fiscal y a las defensorías y que los empleados se sometan a concurso de antecedentes, oposición y exámenes para acceder a los cargos sin amiguismos.

Al respecto mallagray dijo que “nadie puede estar en desacuerdo con esto, por fijar reglas de transparencia. Esto debería aplicarse también en la provincia de Jujuy de manera que todos concuerden”.

Otro proyecto es el de Ley de Publicidad de los Actos del Poder Judicial. El abogado jujeño valoró la iniciativa por entender que “a través de la herramienta informática y de la creación de un registro de sentencias, el ciudadano común puede ejercer un sano contralor de la eficiencia de los órganos judiciales. Esto hace al necesario control republicano que los ciudadanos deben ejercer de la cosa pública”.

Con respecto a la Ley de creación tres nuevas Cámaras de Casación, tendientes a dar mayor agilidad a la tramitación de las causas, el abogado jujeño expresó: “Se habla también de la Ley de creación de las Cámaras de Casación, para descomprimir la labor de la corte. Hay que tener mucho cuidado en la conformación de estas cámaras. No vaya a ser que una Cámara de Casación Laboral Previsional sea una escribanía del Anses. No me gustaría que una cámara convalide todas las resoluciones del Anses y que a través de la integración de una cámara que defiende intereses del gobierno de turno, se vaya a echar por tierra con el Caso Badaro y con otras conquistas que constaron sangre, sudor y lágrimas a tantos jubilados que han venido luchando por sus legítimos derechos”.

Con relación a la Ley de Publicidad y Acceso Directo a las Declaraciones Juradas de los funcionarios de los tres poderes del Estado, Mario Mallagray consideró que “nadie puede estar en contra de esta disposición. Eso hace al necesario control ciudadano y de transparencia de la cosa pública. Es más, sin que exista una ley de por medio, por una cuestión de ética, un funcionario público debería presentar año tras año su declaración jurada de bienes y hacerla pública”.

Dos son los puntos de la iniciativa del gobierno nacional que han generado mayores controversias entre los especialistas en la materia: la Ley de regulación de medidas cautelares contra el Estado y sus entes descentralizados y la Ley de reforma de Consejo de la Magistratura, que contempla el aumento del número de sus integrantes de 13 a 19.

Con respecto a la primera de estas leyes, sobre regulación de las medidas cautelares contra el Estado, sostuvo: “Si el Estado hace sancionar una ley para tener una situación mejor y distinta que la de un particular, entiendo que empieza esto a chocar con el principio constitucional de igualdad ante la ley y a generarse a favor del Estado un privilegio irritante en desmedro de los particulares”.

“No está mal que se reglamente el dictado de medias cautelares y que se impongan requisitos. Incluso se habla de requisitos severos para el despacho favorable de la misma porque eso hace a la política legislativa y el legislador puede interpretar que para el dictado de una medida cautelar, se pueda exigir esto o lo otro. Entiendo yo que lo que está mal, es que la ley sea distinta para el Estado que para el particular”.

Finalmente y en relación a la modificación del Consejo de la Magistratura, presidente del Colegio de Abogados de Jujuy, consideró que hay varias aristas, todas polémicas. “En primer lugar se habla  de incrementar el número de consejeros de la Magistratura, de 13 a 19, cuando fue la misma presidenta la que propuso reducir el número de miembros. El número en sí no dice mucho, siempre y cuando se establezca un adecuado equilibrio entre los tres estamentos que ha creado la Constitución de la Nación, es decir, sector político, el sector de los jueces y magistrados del Poder Judicial, académicos y el estamento de los abogados. Siempre que se mantenga un adecuado y necesario equilibrio, el número no dice mucho”.

Mallagray hizo sus reparos también, con relación a la elección por voto popular, a través de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, de abogados, jueces, académicos y científicos. “Si se aplica el artículo 38 de la Constitución de la Nación que obliga a la utilización de la vía de los partidos políticos y al ser así el régimen electoral de los postulantes para acceder a un cargo de tanta importancia como el Consejo de la Magistratura, entiendo que necesariamente la elección se va a politizar y se va partidizar y eso no es bueno para un organismo donde un juez debe mantener cierta independencia de criterio y no votar por la destitución o la designación de un postulante, por disciplina partidaria”.