Juicio histórico: Identificaron en Hornillos un campamento guerrillero

Uno de los testimonios más relevantes, fue el que brindó Javier de Bedia, ex candidato a diputado Nacional por el Frente Primero Jujuy, quien colaboró como asesor en la Comisión Extraordinaria de Derechos Humanos creada el 17 de enero de 1984 para investigar la represión de la última dictadura en Jujuy.

De Bedia, reconoció que se realizaron distintos procedimientos desde esta Comisión, a fin de dilucidar lo sucedido desde el 26 marzo de 1976 hasta que retornó la democracia. Entre algunos nombres que dijo tener presentes durante el proceso de investigación, mencionó a un oficial apodado “El Perro”, a mariano Braga, Jhony Tamayo, Carlos Bulgheroni y los hermanos Ortiz, entre otros, quienes iban a prestar declaración en la Comisión.

Contó la experiencia vivida con un tal “cabo Vilariño” quien habría llegado en esa época a Jujuy, a pie desde la vecina provincia de Salta, a denunciar distintos hechos que se estaban investigando en dicha Comisión. Dijo que nunca comprendió algunas actitudes de este personaje, que había asegurado que perteneció a la Armada Argentina.

Aseguró también que durante su intervención, se acumuló mucha información documentación y expedientes, entre ellos tres ficheros con nombres de gente y ciudadanos jujeños que posiblemente hayan sido investigados por las fuerzas represivas de aquellos años. Destacó que toda esa documentación en su momento fue elevada o entregada al Dr. Aguiar, quien se desempeñaba como juez federal.

Mientras actuó, la Comisión Investigadora hizo allanamientos en un centro clandestino de detención en la localidad de Guerrero, edificación que ya estaba abandonada, y a la oficina de la SIDE en el barrio San Pedrito. En este último lugar, hallaron "fichas" de jueces, sindicalistas, estudiantes, legisladores y políticos, entre otros, según relataron los tres testigos. La Comisión también allanó la sede del Servicio de Inteligencia de Ejército (SIE) ubicada en el sector de Lastenia, de Alto La Viña,  pero militares de esa época les impidieron que pudieran llevarse documentación.

También se habrían hecho allanamientos en la localidad de Guerrero y en Hornillos, departamento de Humahuaca.
 
Sobre éste último lugar, sostuvo que fue el tal Vilariño, quien lo mencionó como un campo de guerrilleros. Estaba ubicado a poco menos de dos kilómetros de lo que es hoy La Posta de Hornillos. Al apersonarse allí, dijo que encontraron rastros o vestigios de que en el lugar hubo acción, que quedaban algunas instalaciones de carpas, y de diversas actividades que se habrían desarrollado en el lugar.

En cuanto a Guerrero, destacó que no se encontró absolutamente nada, que el lugar donde llegaron con el resto de los miembros de la Comisión estaba totalmente abadonado.

Según De Bedia, el tal Vilariño también mencionó el caso de Álvarez García, pero destacó que éste personaje era un hombre que no sabían si decía la verdad o no; no sabían quien era realmente porque no tenía ningún tipo de documentación.

En la jornada también prestaron declaración testimonial, Bruno Goyechea, quien trabajó en la Policía de la Provincia, realizando su carrera en la Brigada de Investigaciones. Según el ex policía, su trabajo consistía en investigar denuncias de robos, hurtos, estafas, defraudaciones, y que no participaban en actos de desapariciones.

Por las denuncias de desapariciones, o que tenían que ver con hechos del proceso, dijo que los denunciantes debían dirigirse directamente a la Jefatura de Policía. “Nunca fue nadie a la División porque nosotros trabajábamos en la parte delictiva” sostuvo.

Cuando se le preguntó por Secundino Álvarez, padre de Dominga Álvarez Scurta, dijo no conocerlo. Sin embargo, el Fiscal Snopek, mencionó que él había declarado en la etapa de instrucción en marzo del 2011, que había recibido la denuncia de Álvarez. Agregó que no recordaba dicha declaración, con lo cual el fiscal pidió que se le imputaran los estipulados de los Artículos 390 y 371 del Código Penal de la Nación, por falso testimonio. Luego de un breve debate, el tribunal consideró que no había incurrido en esta situación, por lo cual se descartó su procesamiento.
También negó conocer lo que era el Área 323, que no sabía de personas detenidas por hechos políticos, y en síntesis que no escucho nada, no vio nada y no sabía nada de lo que sucedía con los militares, porque él estaba asignado a la Brigada de Investigaciones y trabajaba directamente con los jueces.

Luego declaró Hugo Cesar Villafañe, quien se desempeñó también en la policía de la provincia hasta febrero de 1979 en el área de operaciones policiales. Según relató Villafañe, su trabajo era coordinar acciones de seguridad en distintos festivales, festejos, ceremonias religiosas como las peregrinaciones a Río Blanco.

Aseguró que no conocía o no sabía que se había detenidos políticos en la Central de Policía.

Reprograman audiencias para diciembre

Ante el nombramiento del Dr. Marcelo Juárez Almaraz, como juez en la causa Palomita II en la vecina provincia de Salta, el Tribunal Oral decidió reprogramar las audiencias que se realizarán en el mes de diciembre. El 12 de ese mes, la audiencia comenzará recién a horas 15; el 13 se hará únicamente por la mañana; los días 19 y 20 la actividad será normal, mientras que el jueves 27 se hará todo el día. El viernes 28 no habrá actividad.

Según estimaciones del Juzgado, durante el mes de diciembre se terminarían de tomar todas las declaraciones testimoniales y podría llegar a su fin el juicio. De no ser así, anticipó el Juez Vicente René Casas, que entrarían en feria desde el 1° de enero hasta el 21 de ese mismo mes y recién se reanudarían los debates.