A casi tres semanas del episodio ocurrido en el marco del conflicto salarial policial en Jujuy, la causa que investiga la presunta detención irregular de un efectivo continúa sin avances ni imputaciones, lo que genera creciente preocupación en su entorno.
Policía detenido durante un reclamo: denuncian irregularidades y falta de avances en la causa
El abogado Adrián Iconomovich advirtió que no hay imputaciones tras la denuncia por presuntos apremios ilegales. El efectivo sigue con tratamiento psicológico y no pudo volver a trabajar.
El abogado defensor, Adrián Iconomovich, señaló que la denuncia fue presentada el 11 de marzo y, hasta el momento, no hubo respuestas por parte del Ministerio Público de la Acusación, ni comunicación oficial sobre el estado de la investigación.
Según relató el letrado, el efectivo —identificado como Nina— fue interceptado el 10 de marzo en la vía pública por un grupo de aproximadamente diez agentes de Delitos Complejos, quienes lo redujeron, lo trasladaron y lo habrían sometido a violencia física y psicológica, además de obligarlo a firmar un documento que no pudo leer.
“El procedimiento fue totalmente irregular. No hay constancia de una orden de detención, lo que podría configurar un hecho de extrema gravedad institucional”, sostuvo Iconomovich, quien incluso calificó la situación como un posible “secuestro institucional”.
De acuerdo a la denuncia, durante el operativo el efectivo sufrió lesiones en el brazo y la columna, fue trasladado a distintas dependencias —incluida Caballería— y, además, le habrían retirado pertenencias personales, entre ellas su teléfono celular, al que le quitaron el chip, lo que impidió su funcionamiento.
El abogado también remarcó que su defendido no participó de las protestas policiales en inmediaciones de Casa de Gobierno ni en Plaza Belgrano, y que fue detenido al día siguiente de los incidentes, cuando se dirigía a una consulta médica.
En paralelo, el efectivo atraviesa un delicado cuadro de salud, con tratamiento psicológico y psiquiátrico, lo que le impide reincorporarse a sus funciones. “Su estado anímico empeora con el paso de los días y la falta de respuestas”, indicó el letrado.
La estrategia judicial apunta a determinar tanto a los autores materiales del hecho como a quienes habrían impartido la orden del procedimiento. “Hay responsabilidades directas y también responsabilidades jerárquicas que deben ser investigadas”, afirmó.
Ante la falta de avances, no descartan recurrir a la justicia federal, al considerar que se podrían haber vulnerado derechos constitucionales.
Mientras tanto, crece la preocupación por la falta de definiciones en una causa que, según remarcaron, expone posibles apremios ilegales, abuso de autoridad y una preocupante demora en la actuación judicial.