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El acuartelamiento misionero evoca los trágicos episodios de la década pasada

Hace 10 años las protestas policiales se reprodujeron en casi todo el territorio nacional, con el saldo negativo de 18 fallecidos, cientos de heridos, fundamentalmente una escisión entre las fuerzas de seguridad y los ciudadanos que todavía no fue subsanada. Jujuy lo vivió en carne propia, lamentando el fallecimiento de un adolescente durante los saqueos en Perico.

La tensión en la provincia litoraleña ha ido mermando mientras las conversaciones entre el gobierno de Hugo Passalaqcua y los referentes uniformados continúan. La última propuesta para elevar a $400.000 el salario inicial fue rechazada de plano, esperando que en breve se efectúe un ofrecimiento superador.

Decenas de patrulleros interrumpiendo el tránsito céntrico, antorchas y cubiertas de vehículos en llamas, con largas columnas de humo que suman los fogones populares, todo gris a pesar del día templado y cielo despejado en Posadas. La foto del Comando Radioeléctrico copado por los efectivos policiales, ha sido la misma desde el último viernes, incluso llegó a ser mayor cuando los docentes se unieron a la manifestación por un salario digno, pero el caso de los educadores ya tuvo una resolución favorable.

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El acampe escaló en tensión durante parte del fin de semana, si bien no está cerca de la escalada de violencia advertida en 2013, el termómetro social es muy similar, aquel fatídico diciembre, en vísperas de navidad, el único regalo que deseaban los ciudadanos, especialmente los comerciantes era terminar el período en paz.

La protesta policial había iniciado en Córdoba, los primeros días del mes pero rápidamente se fue contagiando al resto de las provincias. Solo Formosa, Santiago del Estero, Capital Federal y Santa Cruz no se plegaron. Desde Ushuaia hasta La Quiaca, el descontento de los cuerpos de policías provinciales estremeció la Nación.

Las réplicas que fueron desarrollándose entre el martes 3 al viernes 13 llegaron a nuestra provincia en un punto intermedio, el día 9/12 en coincidencia con Tucumán, Corrientes, Misiones, Chubut y Tierra del Fuego. Iniciaron con la habitual protesta de familiares, a sabiendas que los efectivos se arriesgan a ser sumariados en caso de protestar. Temprano por la mañana el centro ya había sido ganada por los manifestantes, a los que se fueron sumando los efectivos de civil que se encontraban de franco, por lo que el servicio policial no se había interrumpido.

Luego de presentar el pedido formal por escrito, donde se le solicitaba al gobernador Eduardo Fellner un aumento del 100% del salario, que por ese entonces no llegaba a los $5.000, decidieron posicionarse en el otro extremo de Plaza Belgrano a la espera de una respuesta, rodeando el cabildo que hasta el 2015 funcionó como Central de Policía, antes de inaugurar el edificio de Av. Santibañez.

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Mientras los policías de civil arengaban y se acuartelaban dentro del histórico edificio. Sus colegas evidentemente superados en número por la marea humana, nada pudieron hacer contra los malvivientes que iniciaron la ola de robos y destrozos por el casco céntrico y el interior de la provincia. La calma duró aproximadamente siete horas, antes que llegaran repercusiones desde San Pedro de Jujuy.

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Se desataron numerosos saqueos, protagonizados por jóvenes que tuvieron como principal objetivo grandes cadenas de electrodomésticos y supermercados. El desbande empezó a contagiarse de una localidad a otra, no había contemplación con los comercios de ningún tipo, alimentos, calzados, indumentaria, etc.

Embed - Saqueos en San Pedro de Jujuy
Embed - SAQUEOS Y CAOS EN JUJUY

El efecto Córdoba ya estaba instalado, una réplica de lo que había ocurrido en el centro del país. Las vidrieras de los principales comercios capitalinos eran reventadas, en los barrios se dieron enfrentamientos entre los violentos ladrones, propietarios o encargados. Esa situación tuvo su clímax en Perico donde un comerciante se defendió, cobrándose la vida de un adolescente de 18 años que pretendía robar.

Al final del día la mejora de un 80% sobre el salario inicial finalmente fue formulada, dejando en $8.500 los haberes, una cifra estándar en casi todo el país aunque lejos de las pretensiones originales. El daño ya había impactado, pérdidas millonarias incalculables, más de 30 detenidos, investigaciones sobre una docena de policías y el recuerdo trágico que revive casi once años después.

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