La defensora general se opuso a bajar la edad de imputabilidad
El Ministerio Público de la Defensa Civil de la Provincia de Jujuy, a través de su titular, la Defensora General, Susana María Traillou, se sumó al rechazo del proyecto para bajar la edad de imputabilidad de los menores a los 15 años.
La funcionaria participó de la firma de un documento público a través del cual los miembros del Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina plantearon su oposición al referido proyecto legislativo.
Sobre su desacuerdo con la iniciativa, la Defensora, sostuvo que la discusión sobre la responsabilidad penal juvenil no puede centrarse solamente en la persecución estatal –a través del derecho penal- de los adolescentes en conflicto con la ley penal, sino en cómo cumplir con toda la normativa internacional, nacional y provincial que garantiza derechos a las niñas, niños y adolescentes que sean infractores o no a la ley penal.
Pensar en la baja de la edad de punibilidad como respuesta a la seguridad ciudadana al margen del contexto social, significará profundizar en la sociedad los caminos de la violencia, convirtiendo a los adolescentes en enemigos sociales y retroceder en la construcción de derechos de la niñez. Las leyes que se dictan no deben afectar derechos consagrados en la constitución y los tratados que forman parte de la misma, aseveró la magistrada.
El acceso a la justicia de todos los niños
Sobre el rol del Ministerio de la Defensa Civil, a su cargo, explicó que es garantizar el Acceso a Justicia de todos los niños de la provincia, representarlos y defenderlos, porque los mismos necesitan de una tutela especial para hacer efectivos sus derechos, tal como lo expresa la ley provincial 5903/2016.
En función del mandato legal, agregó, estamos proyectando una Ley de Justicia Penal Juvenil en línea con los estándares internacionales. Esto es un sistema de justicia especializado con un enfoque centrado en la prevención del conflicto con la ley penal antes que la represión, y una estrategia orientada a la reinserción social que ofrezca a los adolescentes oportunidades educativas, de formación laboral y recreativas, para facilitar su inclusión en un proyecto de vida alejado del delito.
Hay que trabajar desde todos los ámbitos para que las situaciones de vulnerabilidad de los niños, sean atendidas a tiempo, puntualizó.
Al referirse a los estándares internacionales para la justicia juvenil, dijo que los mismos, unánimemente, consagran como objetivo principal la resocialización de los jóvenes y la no profundización de sus condiciones de vulnerabilidad.
La experiencia muestra que un sistema basado en los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, que facilite la reinserción, es mejor para la sociedad porque reduce la reincidencia y la violencia y, además, en muchos casos esa clase de medidas resultan también menos costosas en términos económicos.
Justicia especializada
Traillou consideró que una justicia especializada para adolescentes y jóvenes, debe garantizar el abordaje diferenciado desde el inicio de la investigación hasta la finalización del cumplimiento de la sanción, incluyendo cada una de las instancias superiores.
Sobre el particular, resaltó que ello requiere, además de la modificación de la ley de fondo, la asignación de recursos económicos y el nombramiento de quienes intervienen en la solución de la problemática, por medio de procesos de selección que contemplen efectivamente la especialización en materia de niñez y adolescencia. La especialización de la justicia juvenil implica un abordaje socioeducativo en todas las instancias del proceso.
En la situación actual de inseguridad, dijo, la propuesta legislativa que rechazamos, aparece como una respuesta tardía del Estado por fallas u omisiones.