El desencanto ciudadano y la crisis de representación

Este contraste no podría ser mayor en comparación con el apoyo entusiasta que acompañó a los partidos durante los primeros pasos de la transición democrática.

Sin embargo, cabe destacar que este cuestionamiento no se dirige hacia la democracia en sí como régimen político, ya que aún cuenta con el respaldo de la mayoría de la opinión ciudadana. Más bien, el foco se centra en el desempeño de los partidos y sus líderes. En medio de esta crisis de representación partidaria, surgen dos interrogantes que merecen ser examinados.

El primero de ellos es el alcance de esta crisis: ¿Afecta a todos los partidos por igual? En este sentido, resulta evidente que la magnitud de la crisis varía entre las diferentes familias políticas del país. Específicamente, su impacto es relativamente más limitado en el principal partido político, el peronismo. Las dificultades que enfrenta el peronismo en la actualidad se relacionan más con su cohesión interna como maquinaria política que con la salud de sus vínculos con el electorado que representa.

En cuanto a la naturaleza de esta crisis, consideramos que refleja un desencuentro entre las expectativas democráticas enérgicas y el comportamiento efectivo de los partidos políticos. En otras palabras, no nos encontramos frente a un fenómeno de desafección política resignada. El clima de cuestionamiento que rodea a los partidos indica, en realidad, la distancia entre lo que la oferta partidaria propone y las exigencias cada vez mayores y diversas de sectores importantes de la ciudadanía. Especialmente, aquellos electores independientes de centro-izquierda y centro-derecha.

Como paso previo al análisis de estas cuestiones planteadas, trazaremos brevemente la trayectoria de la democracia de partidos en Argentina, desde su prometedor inicio hasta la actual crisis de representación partidaria. Para ello, seguiremos el rastro que nos brindan las vicisitudes electorales de las fuerzas políticas.

A lo largo de los años, la democracia de partidos en Argentina ha pasado por diversas etapas. Al principio, la esperanza y el fervor ciudadano se unieron para establecer las bases de un sistema político sólido. Sin embargo, a medida que el tiempo avanzaba, se fue gestando un desencanto gradual. La realidad chocaba con las ilusiones y anhelos de la población, generando un vacío entre lo prometido por los partidos y lo que realmente se lograba en términos de satisfacer las necesidades de la sociedad.

En este contexto, las elecciones de octubre de 2001 se convirtieron en un punto de inflexión. La alta participación de votos nulos, votos en blanco y la creciente tasa de abstención enviaron un mensaje claro y contundente: los ciudadanos estaban descontentos

En el enigmático escenario político argentino, el desenlace de las elecciones de 2001 nos invita a adentrarnos en la naturaleza del problema político que se ha forjado. Para comprenderlo, comenzaremos presentando un argumento de carácter general. Las fallas en el desempeño de los partidos, evidenciadas en las políticas que promueven y en sus estilos de actuación, no necesariamente conducen a una crisis de representación, sino que simplemente crean las condiciones propicias para su surgimiento.

En términos más concretos, no basta con poder reconocer en la realidad los resultados insatisfactorios, como el persistente estancamiento económico, los niveles de pobreza o los episodios de corrupción. Para que este desempeño insatisfactorio dé inicio a un proceso de desafección hacia los partidos, se requiere además que la brecha entre las expectativas y los resultados sea atribuida a las acciones u omisiones de los líderes partidarios, en lugar de ser atribuida a fuerzas o factores fuera de su control.

La perspectiva desde la cual los electores evalúan la gestión de los partidos y asignan responsabilidades desempeña un papel crucial en este proceso. En este sentido, es relevante hacer una distinción entre los adherentes y los simpatizantes, según el tipo de vínculo que mantienen con el partido.

Los adherentes, a través de una prolongada identificación y una densa red de solidaridad, establecen un vínculo de pertenencia con el partido. Por otro lado, los simpatizantes se relacionan con el partido en función de la proximidad de sus preferencias políticas con las propuestas del mismo. Ambos grupos se acercan a la evaluación del desempeño de los partidos con expectativas distintas y desde perspectivas diferentes.

La identificación partidaria se hace visible en la formación de claves interpretativas de la realidad. En particular, proporciona un mecanismo para seleccionar la información que los adherentes procesan en relación con la actuación del partido. Esta dinámica los predispone a adoptar las razones que los dirigentes ofrecen para justificar sus aciertos y racionalizar sus dificultades. Por el contrario, los simpatizantes mantienen un vínculo más pragmático con el partido, ya que sus preferencias políticas no se asocian de manera estable con ninguna de las fuerzas políticas en competencia. En las elecciones, tenderán a elegir aquella fuerza política cuyas propuestas prometan defender sus valores e intereses. Por lo tanto, su respaldo estará condicionado por la calidad de los resultados que el partido demuestre ser capaz de producir.

Cuando las expectativas de los simpatizantes no se ven satisfechas, es natural que reaccionen responsabilizando a los dirigentes del partido y retirándoles su respaldo. Sus acciones posteriores dependerán de la existencia de ofertas partidarias alternativas. En ausencia de estas alternativas, la atribución de responsabilidades inicialmente dirigida a un grupo de líderes partidarios específicos puede extenderse para incluir a la mayoría de ellos.

La confrontación entre estas reacciones opuestas nos permite concluir que el problema político de la crisis de la representación partidaria no es simplemente el resultado previsible de un bajo rendimiento objetivo de los partidos. Más bien, es el fruto de la existencia de una masa de ciudadanos movilizados en torno a la fiscalización del desempeño de los dirigentes políticos y el cumplimiento de sus promesas electorales.

La crisis de la representación partidaria es una expresión de la vitalidad de expectativas democráticas. Mas en general, el malestar con la representación constituye un síntoma de cambios operados en la cultura política de franjas significativas del electorado. Dichos cambios han puesto en circulación claves interpretativas que enmarcan la relación entre representantes y representados a partir de criterios nuevos que redefinen como inmorales e injustos a comportamientos que eran previamente considerados en definitiva tolerables.

Al margen de sus resultados efectivos contra las secuelas del terrorismo de estado, la gravitación del movimiento por los derechos humanos durante la última dictadura y la transición a la democracia generó una innovación cultural. Su crítica a una versión extrema de la arbitrariedad estatal brindó los materiales para construir simbólicamente una crítica más general a toda forma de ejercicio discrecional de los poderes públicos. Esta visión inspiró una segunda ola de movimientos que presentaron sus demandas en términos de derechos y apelaron al sistema judicial como estrategia.

Las movilizaciones de ciudadanos exigieron justicia frente a incidentes de violencia policial, atrayendo la atención de los medios y generando la formación de organizaciones contra la represión policial. Con el tiempo, estas demandas se expandieron al ámbito de los derechos civiles, abarcando áreas como los derechos del consumidor, la protección del medio ambiente y la defensa de la igualdad de género. El descubrimiento de las garantías constitucionales como argumento para legitimar estas demandas evidenció nuevas preferencias y continuó incluso cuando los tribunales, bajo presiones políticas, optaron a menudo por mantenerse al margen.

Estas experiencias, independientes de las estructuras partidarias, dieron lugar a asociaciones cívicas dedicadas a fomentar la participación ciudadana y controlar las acciones gubernamentales. Además, el periodismo de investigación sacó a la luz casos de abuso de poder y corrupción política. La movilización de estas "minorías activas", especialmente durante la presidencia de Menem, llevó a una politización de la agenda pública centrada en la vigencia de la ley y la ética pública.

Mientras se producía esta transformación en la relación de representación partidaria entre sectores significativos de la ciudadanía, los principales partidos experimentaban una reducción en su capacidad para liderar las políticas públicas. Las decisiones de política pública estaban cada vez más influenciadas por actores externos al gobierno en lugar de los programas presentados por los partidos ante los electores. A pesar de las dificultades de la Unión Cívica Radical (UCR) y el Partido Justicialista (PJ) para tomar decisiones propias, su capacidad para ocupar cargos públicos no se vio limitada. Utilizaron su poder de nombramiento para mantener los aparatos partidarios y brindar oportunidades de financiamiento y enriquecimiento personal a los líderes.

En este contexto, cuando las minorías activas y los medios de comunicación comenzaron a cuestionar el papel de los partidos políticos, la respuesta que se obtuvo fue que los partidos se servían a sí mismos en primer lugar. Esto llevó al término "clase política" a ganar prominencia en el discurso público, agrupando a los políticos peronistas y radicales sin hacer distinciones. Esta categorización no solo se debió a su posición de liderazgo en las instituciones democráticas como miembros de los dos principales partidos nacionales, sino también a su dificultad para adaptarse a los nuevos vientos de la democracia argentina. Su renuencia a renovar sus filas frente a denuncias de corrupción, el uso de fondos públicos para financiar a sus cuadros y la concentración en la lucha por el poder dentro de las organizaciones ampliaron la brecha con las nuevas demandas ciudadanas.

De esta manera, en el camino desde las demandas de derechos civiles hasta las demandas centradas en las modalidades de ejercicio del gobierno, la lógica discursiva y práctica impulsada por los cambios en la cultura política condujo a la discusión sobre el vínculo de la representación partidaria. Los movimientos ciudadanos crearon condiciones para una visión alternativa que exigía la rendición de cuentas de los representantes por sus acciones y promesas. La mayor relevancia de la fiscalización en las relaciones entre ciudadanos y partidos introdujo la desconfianza solidaria. Este cambio cultural consolidó la presencia de un electorado más exigente, informado y atento a las ofertas políticas en el escenario político. Las actividades de las asociaciones cívicas dedicadas a supervisar a los funcionarios electos y las denuncias del periodismo de investigación encontraron su público natural en este electorado.