A instancia de la fiscalía y en una audiencia de formalización de la investigación realizada el 20 de octubre pasado, el juez federal de Garantías N°1 de Jujuy, Eduardo Hansen, dictó la prisión preventiva para Cristián Chavarría y su pareja, Natasha Jorgelina Benítez. Ambos quedaron imputados como coautores del delito de organizadores y financistas de un transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes, previsto en el artículo 7 de la Ley 23.737 y que prevé una pena de 8 a 20 años de prisión.
Persecución y 48 kilos cocaína en los tanques de nafta
El caso, investigado por la fiscal federal Lucía Orsetti y la auxiliar fiscal Sofía Escudero, se inició el 3 de julio pasado, cuando una patrulla de la Policía Federal (PFA) que hacía un control vehicular en la ruta 34, a la altura de la localidad de Yuto, le hizo señas a dos autos para que se detengan.
Ambos rodados, un Fiat Cronos y otro Grand Siena, evadieron a los policías y se dieron a la fuga por la ruta, lo que motivó una persecución que se extendió hasta la localidad de Calilegua, donde los policías les dieron alcance a los autos.
El conductor del Fiat Cronos fue identificado como Iván Gustavo Subelza, mientras que el segundo rodado era conducido por Franco Fernández, quien llevaba como acompañantes a su pareja, Marianela Giraldez, su hija Brisa y dos hijos menores de edad.
Ante los policías, Fernández dijo: “Ya perdí”, tras lo cual pidió que sus hijos no vean el procedimiento y reveló que iba cargado con estupefacientes. Un can antinarcóticos marcó la zona de los asientos traseros del auto.
Los autos fueron trasladados hasta la base operativa de San Pedro, donde se hizo un control más minucioso, del cual se pudo constatar que ambos rodados transportaban 48 kilos de cocaína dentro de sus tanques de combustible. También se procedió al secuestro de los rodados y celulares de los detenidos.
El 5 de julio, la fiscalía imputó a Subelza, Fernández, Giraldez y la hija de esta última, por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes, en grado de coautores. Asimismo, se dictó la prisión preventiva de todos y se autorizó las pericias de los teléfonos celulares y el levantamiento del secretario bancario y financiero.
Segunda etapa: los financistas
Al profundizar la tarea investigativa, se pudo conocer que el Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, a cargo del fiscal Ricardo Toranzos, tenía bajo investigación a la pareja Chavarría-Benítez y que estaban ligados con Subelza y Fernández, los conductores detenidos en la provincia de Jujuy.
La Sección Antidrogas Salta de Gendarmería Nacional, que realizaba tareas de campo e inteligencia en torno a la pareja, reveló que tenía a Subelza como posible transportista dentro de una organización narcocriminal, cuyos presuntos jefes eran Chavarría y su pareja.
Luego de entrecruzar datos, la fiscalía estableció que los implicados habían hecho ya varios viajes, siempre desde localidades fronterizas hacia Mendoza, San Juan, Córdoba, Tucumán y Santiago del Estero que, según la hipótesis fiscal, habrían sido coordinados por la pareja, que residía en un inquilinato del barrio San José, en la ciudad de Salta.
Entre otras evidencias, las intervenciones telefónicas realizadas por la fiscalía de Salta a la pareja permitieron advertir una intensa actividad de comunicativa, tanto días previos como durante el transporte de la droga incautada en Jujuy, en un plan delineado de antemano por Chavarría y su pareja.
Además, al revisar registros de videovigilancia, se constató que días antes del transporte, el auto Fiat Grand Siena -que llevaba parte de la droga- se presentó en la casa de la pareja en Salta e hizo varias paradas en la ciudad capital.
Los investigadores también detectaron que Chavarría acompañaba al conductor del Fiat Grand Siena en un auto de alquiler, marca Renault Logan, maniobra que, según los registros, ya había repetido en octubre pasado, previo viaje a Mendoza.
Por otra parte, también se pudo establecer que el Fiat Grand Siena y el Renault Logan emprendieron viaje rumbo a Orán el 3 de julio, el día del procedimiento, registrado cerca de la medianoche. También se confirmó que, en la localidad jujeña de Libertador General San Martín, se les unió el Fiat Cronos.
Luego, los autos se trasladaron hasta la localidad salteña de Aguas Blancas, en la frontera con Bolivia, donde habrían cargado la droga, para regresar en caravana, al menos, hasta la localidad de Colonia Santa Rosa, donde fueron vistos los tres rodados, lo que también fue verificado al cotejar los impactos de las antenas de los celulares de los imputados.
Todo esto llevó a la Unidad Fiscal Jujuy a pedir la detención de Chavarría y Benítez, como así también el allanamiento de su vivienda, como el de la madre de la mujer, lo que se concretó el 17 de octubre pasado, con intervención de personal de Gendarmería.
En los procedimientos, se secuestró abundante evidencia: más de un millón de pesos, una camioneta Toyota, un Volkswagen Up y documentación tanto de los autos secuestrados como de otros rodados.
Los mensajes y movimiento bancarios
Al formalizar la investigación contra Chavarría y Benítez, la auxiliar Escudero repasó el derrotero del caso, señaló las evidencias reunidas, circunstancias en las que puso énfasis es una serie de llamadas y mensajes extraídos de las intervenciones telefónicas que realizó la Unidad Fiscal Salta, como así también el resultado de un informe preliminar del Banco Central sobre los movimientos bancarios de Subelza -el conductor del Fiat Cronos-, entre otros.
En ese marco, reveló detalles de una conversación entre dicho transportista y Fernández, el 3 de julio a las 21.15, en la cual se escucha la voz de una mujer, que advierte de la presencia de la Policía Federal pasando el paraje El Bananal. “Nos quedamos en El Bananal. Dice Cristián que carguemos en la estación de servicio”, ordenó.
En otro diálogo, Benítez habla en esa fecha con su madre, a la que le informa que el transporte se había frustrado y que su pareja se había quedado en el lugar, al parecer, para averiguar la suerte de los cómplices detenidos.
“Yo me estoy volviendo, me voy a ir para la casa. No sé si podés ir a mi casa y buscar los papeles, si están del auto, así mañana los pongo viste a nombre de XX”, le dijo la imputada a su madre, anunciado su intención de desvincularse del hecho.
La auxiliar fiscal expuso otro diálogo comprometedor en el que Chavarría le dice a su pareja: “Me parece raro todo esto… Eliminá todo”, a lo que Benítez responde: “No sé feo, a mí igual. No le mandé nada a la señora, ya eliminé la app yo”.
A ello, agregó un dato destacado surgido del reporte financiero remitido por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y distintas entidades bancarias: Subelza recibió de una cuenta bancaria a nombre de Chavarría, la suma de casi cuatro millones y medio de pesos, entre el 6 de mayo y el 20 de diciembre del año pasado.
En tanto, el reporte también reveló que este año, entre el 12 de febrero y el 2 de julio -día previo a su detención-, Chavarría le transfirió a Subelza una suma de tres millones y medio de pesos, siendo la última el día previo a su detención, por un monto de 40 mil pesos, lo que para la fiscalía demuestra no sólo el nexo con los cuatro imputados, sino también su rol como líder y financista.
En vista de estas evidencias, el MPF fundó la imputación sobre la pareja y pidió, a su vez, la prisión preventiva de ambos, al argumentar que existen los riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación, como así también por la gravedad del hecho y por la escala penal prevista para el delito imputado, que no permite una condena de ejecución condicional sino de cumplimiento efectivo.
Además, en el caso de Chavarría, remarcó que el mismo registra una condena de 6 años de prisión por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes, dictada por el TOF 1 de Salta el 2 de noviembre del 2020.
Ante las pruebas expuestas por la fiscalía y la ausencia de planteos por parte de la defensa, el juez Hansen hizo lugar a la imputación, dispuso la prisión preventiva y autorizó las pericias requeridas por la fiscalía para los elementos incautados, como así también el levantamiento del secreto bancario y financiero.
