Una cuarentena salvaje a medida de las encuestas

Desde el inicio de la cuarentena, diversos informes comenzaron a dar cuenta de un creciente malestar psicológico entre la población. Un estudio del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires reveló que, a solo 50 días de aislamiento social preventivo y obligatorio, casi el 70% de los argentinos ya experimentaban algún tipo de malestar psicológico. Este porcentaje, alarmante en sí mismo, es aún más significativo si se considera que la prevalencia de trastornos mentales aumentó de un 4,8% a los siete días de cuarentena a un 5,7% al cabo de dos meses. Este incremento en la prevalencia de trastornos mentales es un reflejo directo de la carga emocional y psicológica que impuso el aislamiento.

En la ciudad de Buenos Aires, el sistema de salud recibió aproximadamente 2500 llamadas solicitando asistencia psicológica gratuita en los primeros dos meses de la cuarentena, casi igualando la cantidad total de llamadas que se reciben en un año normal. Este aumento drástico en la demanda de ayuda psicológica es un claro indicio del impacto negativo que tuvo el aislamiento en la salud mental de los ciudadanos.

La declaración de Martín Guzmán de que la cuarentena se extendió más allá de lo necesario por razones políticas confirma lo que muchos opositores al gobierno de Alberto Fernández ya sospechaban: las medidas sanitarias no solo estaban motivadas por la salud pública, sino también por consideraciones políticas. Según Guzmán, “la administración de la pandemia es lo que hacía fuerte al Gobierno”, y fue precisamente por esta razón que las restricciones se mantuvieron durante tanto tiempo. Esta admisión pone en evidencia la compleja interacción entre la política y la salud pública durante la pandemia y plantea preguntas difíciles sobre las decisiones tomadas en nombre de la seguridad de la población.

El impacto de estas decisiones no fue solo político; la salud mental de la población se vio profundamente afectada. Las restricciones prolongadas, la falta de contacto con seres queridos y la incertidumbre laboral crearon un caldo de cultivo para la ansiedad, la depresión y otros trastornos mentales. El informe del Observatorio de Psicología Social Aplicada destacó que más del 76% de los encuestados reportaron alteraciones del sueño, siendo el insomnio la más común. Además, el 44,4% de las personas afirmó que su vida sexual era poco o nada satisfactoria, un dato que si bien no mostró una gran variación respecto al inicio de la cuarentena, sí refleja el impacto generalizado del aislamiento en las relaciones personales.

Otro aspecto preocupante es el aumento en el uso de medicación sin prescripción médica y el consumo de alcohol. Según el mismo informe, el uso de medicación sin receta aumentó del 10,5% al 13,5%, mientras que el consumo de alcohol pasó del 8,1% al 11,5%. Estos comportamientos, que pueden parecer respuestas individuales a la presión psicológica del aislamiento, en realidad reflejan una tendencia más amplia hacia la auto-medicación y la búsqueda de alivio en sustancias, lo cual agrava aún más la crisis de salud mental.

Además, se registró un incremento en la consulta psicológica, que pasó del 4,8% al 7,8%, y un aumento en la conversación con confidentes, que creció alrededor de un 5%. Estos datos sugieren que, aunque la población estaba sufriendo, muchos buscaron activamente formas de lidiar con su malestar, ya sea a través de apoyo profesional o de sus redes personales.

La admisión de Guzmán también subraya el costo psicológico de las decisiones políticas. Si bien es innegable que las medidas de aislamiento fueron necesarias en un primer momento para controlar la propagación del virus, la prolongación de estas medidas por razones políticas pone en tela de juicio la ética detrás de tales decisiones. La pandemia exacerbó las desigualdades existentes, y los jóvenes adultos, un grupo que ya enfrentaba altos niveles de pobreza e inestabilidad laboral, fueron particularmente vulnerables. Estos factores contribuyeron a un aumento en la prevalencia de trastornos mentales entre este grupo, lo que a su vez incrementó el riesgo de violencia doméstica y de género.

El informe también resalta la necesidad urgente de mejorar el acceso a intervenciones psicológicas para toda la población, especialmente en un contexto en el que muchos ciudadanos enfrentan dificultades económicas y carecen de cobertura médica adecuada. Instituciones como la Facultad de Psicología de la UBA han tomado medidas para proporcionar servicios gratuitos y online, pero estas iniciativas, aunque valiosas, no son suficientes para abordar la magnitud del problema.

A medida que Argentina se adentra en la pospandemia, es crucial que se desarrollen modelos de atención en salud mental que puedan responder a las necesidades de una población que ha sido profundamente afectada por el aislamiento prolongado y las restricciones sanitarias. Un plan de contención en salud mental no solo es necesario para el presente, sino que también será vital en el futuro, ya que los efectos económicos de la crisis sanitaria continúan golpeando con fuerza y amplificando las secuelas psicológicas.

Las autoridades de la Asociación Psicoanalítica Argentina ya han advertido sobre la degradación sensible del estado psicológico de la población, haciendo hincapié en la difícil situación que enfrentan los niños y jóvenes que fueron confinados durante tanto tiempo. El estudio dirigido por Gabriela Irrazábal del CEIL-Piette de CONICET confirma que los padecimientos mentales se convirtieron en un mal de época, con casi la mitad de la población encuestada reportando haber sufrido algún tipo de trastorno de ansiedad, seguido por la depresión y otros problemas psiquiátricos.

La pandemia de COVID-19 y la respuesta del gobierno argentino dejaron una marca indeleble en la sociedad, no solo en términos de salud física, sino también en la salud mental de millones de personas. La admisión de Martín Guzmán de que la cuarentena se extendió por razones políticas revela una verdad incómoda: las decisiones tomadas en nombre de la seguridad pública también tuvieron un costo oculto, un costo que la sociedad argentina sigue pagando. Es imperativo que, a medida que avanzamos hacia la pospandemia, no solo se reconozcan estos errores, sino que también se tomen medidas para sanar las heridas psicológicas que dejó este período oscuro en la historia del país.