Jujuy |

Negocios prohibidos: cuando la constitución y la ley se transforman en letra muerta

La polémica concesión de servicios de salud pública a la Clínica Mater Noa S.R.L., de propiedad del diputado y presidente del PJ Rubén Rivarola, expone nuevamente la doble vara de la clase política a la hora de objetar los negocios que se tejen en el seno del poder: la constitución y la ley prohíben la maniobra, pero nadie se anima a denunciarla.

  • Sigue la polémica por la concesión de un negocio millonario del gobierno de Gerardo Morales a su principal socio en la oposición, el diputado Rubén Rivarola.
  • Análisis de la legislación vigente sobre incompatibilidades entre la función pública y los negocios.
  • "La adjudicación de servicios de salud y recupero a una empresa vinculada a un diputado es injustificada e inconstitucional", reconocen dentro del propio bloque peronista.

Al tratarse de la ley fundamental para que cualquier Estado se considere como tal, por encima de cualquier otra norma jurídica y separando los tres poderes que lo componen, la Constitución debería ser respetada y hecha respetar a rajatabla; caso contrario se convierte en "letra muerta".

En Jujuy curiosamente se da el caso contrario, al menos eso parece ocurrir con el Artículo 64, parte del Capítulo IV sobre los “Derechos y deberes de los funcionarios y empleados públicos”.

Queda prohibido a todo agente público recibir directa o indirectamente beneficios originados en contratos, concesiones, franquicias o adjudicaciones, celebrados u otorgados por el Estado.Tampoco podrán prestar servicios remunerados o no, asociarse, administrar, asesorar, patrocinar o representar a personas físicas o jurídicas que gestionen o exploten concesiones o privilegios, o que sean proveedores o contratistas de la administración del Estado.- Queda prohibido a todo agente público recibir directa o indirectamente beneficios originados en contratos, concesiones, franquicias o adjudicaciones, celebrados u otorgados por el Estado.Tampoco podrán prestar servicios remunerados o no, asociarse, administrar, asesorar, patrocinar o representar a personas físicas o jurídicas que gestionen o exploten concesiones o privilegios, o que sean proveedores o contratistas de la administración del Estado.-

Aquí no hay lugar a interpretaciones: está prohibido ser funcionario público, de cualquiera de los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), y a la vez venderle servicios al estado.

La razón es obvia: se entiende que un funcionario debe proteger los intereses de la sociedad no los de sus empresas, y difícilmente lo haga siendo juez y parte.

El caso que se encuentra por estos días en “el ojo de la tormenta” pasa por alto el mencionado artículo, adjudicando a través de una cuestionada licitación pública una serie de servicios habitualmente brindados por el Hospital Pablo Soria con un monto de inversión por cientos de millones, más el servicio de recupero por prestaciones de afiliados a obras sociales, en beneficio de una empresa médica cuyo acionista mayoritario y administrador es el legislador justicialista Rubén Rivarola.

"A título personal creo que los negocios y la política son incompatibles. Existe prioridad del artículo 64 de la Constitución y hay que ajustarse a la norma. Entiendo que es absolutamente inconstitucional. La salud si bien es un derecho no delegado a la Nación, aquí surge un tipo de onerosidad o gasto en detrimento de los ciudadanos y el sistema de salud. La justicia ya debería estar interviniendo pero sabemos que está al servicio del poder Ejecutivo. Y los involucrados urgentemente salir a aclarar porque empañan las bases del partido Justicialista" explica el abogado y diputado Emanuel Palmieri.

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Estar de ambos lados del mostrador desde el vamos significa un conflicto de intereses. además de pasar por alto la Constitución de 1986 o la aún más reciente Ley de Ética Pública sancionada en 1999 por la Legislatura jujeña.

El artículo 14 de la misma habla de "incompatibilidades del Gobernador y Vicegobernador, Ministros del Poder Ejecutivo, Diputados Provinciales, Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial" haciendo hincapié en los alcances y permisos para actividades por fuera de sus responsabilidades como funcionarios.

El ejercicio de la función pública es incompatible con el desempeño de tareas de dirección, administración, representación, patrocinio, asesoramiento, o de cualquier otra forma de prestación de servicios por quién gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades. el ejercicio de la función pública es incompatible con el desempeño de tareas de dirección, administración, representación, patrocinio, asesoramiento, o de cualquier otra forma de prestación de servicios por quién gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades.

Por si quedaba alguna duda sobre la definición de funcionario público, alcances y responsabilidades del cargo, a partir de la modificación del año 2015, en su artículo 1 dejan de existir conflictos interpretativos.

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto establecer normas y pautas relacionadas al buen desempeño de todos los funcionarios, magistrados y empleados que presten servicios, remunerados o no remunerados en todos sus niveles y jerarquías, en planta temporaria o permanente que constituyan una función pública, en dependencias centralizadas, descentralizadas y autárquicas del Estado Provincial, Empresas y Sociedades del Estado Provincial... Se entiende por función pública toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona física, en nombre o al servicio del Estado Provincial, o de sus entidades, en cualquiera de sus Poderes y en cualquier nivel jerárquico. Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto establecer normas y pautas relacionadas al buen desempeño de todos los funcionarios, magistrados y empleados que presten servicios, remunerados o no remunerados en todos sus niveles y jerarquías, en planta temporaria o permanente que constituyan una función pública, en dependencias centralizadas, descentralizadas y autárquicas del Estado Provincial, Empresas y Sociedades del Estado Provincial... Se entiende por función pública toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona física, en nombre o al servicio del Estado Provincial, o de sus entidades, en cualquiera de sus Poderes y en cualquier nivel jerárquico.

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