El abogado del acusado, Juan Cabezas, dijo que solicitaron el apartamiento de la institución completa considerando que las declaraciones de Ruiz fueron inducidas o instigadas por el titular del Ministerio Público para cooptar al testigo.
“Esto estuvo a cago de funcionarios del Ministerio Público y de abogados particulares; perdió objetividad para actuar para la acusación, por eso queremos que sea apartado todo el ministerio y que se nombren fiscales nuevos”, dijo.
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El juicio podría continuar con dos jueces; el Tribunal resolverá el planteo el 5 de septiembre, y de acuerdo a Cabezas, lo peor que podría suceder a la defensa es que se suspenda el debate, provocando su nulidad y debiéndose comenzar uno nuevo. Si se anulan todos los actos del debate, también se anulará la declaración de Ruiz.
“Desconocemos la estrategia del Ministerio Público; fijaron audiencias, suspendieron audiencias con personas detenidas y sin embargo son los primeros que quieren paralizar y trabar este proceso. Ellos lo ofrecieron como testigo, lo trajeron al debate, y sería una torpeza pretender declarar insano a Ruiz”.
La actuación de los fiscales fue pésima para Cabezas, quien sostuvo que lejos de estar preparados y llevar elementos concretos y contundentes para una acusación fuerte, solicitando detenciones, improvisan, adhieren a posturas de la defensa o la rechazan con argumentos inconducentes.
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Recusación no procedente
Por su parte, el fiscal Diego Funes comentó la iniciativa de la defensa de Bellido argumentando que el Código de Procedimiento prevé las recusaciones de manera individual y concreta cuando se entiende que algún magistrado o parte tiene algún causal de recusación. Siendo el recusado un órgano constitucional se trata de un supuesto no previsto en la ley.
“El Ministerio Público de la Acusación está integrado por fiscales, magistrados, y cada uno representa a un órgano. En este caso se recusa al órgano en general y entendemos que no es procedente porque no está previsto en la ley”.
El fiscal no entiende los elementos que tiene Bellido para acusar el “apriete” de un testigo, y dijo que tendrá que demostrarlos ya que “por lo pronto no hay elemento que indique esta situación”.
“Los involucrados tienen la posibilidad de vindicarse ante un juez ante una acusación de esta naturaleza. La constitución prevé que, en el caso de que cualquier magistrado sea acusado de un delito de acción pública, tiene la posibilidad de vindicarse ante un juez”.
El magistrado opinó que debería realizarse una investigación en caso de vindicación, y dijo que el abogado Julián Martín Palimieri debería realizar una denuncia por el interrogatorio al que sometió la policía a su empleada doméstica.
Pedido al gobernador
Alberto Bellido consideró bochornosa la suspensión del proceso, denunciando haber sido presionado y hostigado por funcionarios del Ministerio Público de la Acusación.
“Por eso no confió en ninguno de los fiscales”.
Sostuvo que la causa es armada, que prescribió, y que fue reflotada “por la locura de un juez; ¿qué fiscal podrán poner si desde la defensa decimos que no confiamos en ninguno?”
“La única forma de poder continuar es que Lello Sánchez se vaya a su casa”, dijo Bellido, y pidió al gobernador, “con todo el respeto que su investidura merece; no tengo la dicha de conocerlo personalmente, pero es hora que tome cartas en el asunto. Este es un funcionario puesto por él y nos está demostrando la persecución política que existe en Jujuy a quienes pensamos distinto. Solo le pido al gobernador que me deje trabajar, quiero ejercer libremente mi profesión, tengo una familia que mantener. Quiero que le pida la renuncia a Lello Sánchez”.
