Carlos Chuchuy, de la comunidad Lumara en Yavi, dijo que “se realizan tareas inconsultas, no hubo consulta libre previa e informada. Hace 15 días vinimos con nuestra asesora y otros referentes de la Quebrada, le dijimos al juez lo que sucedía y comentó que no tenían conocimiento al respecto. Los representantes de las mineras se meten a las asambleas a hacer firmar a los integrantes. Defendemos territorios y estamos en pie de lucha para proteger los recursos naturales, porque si los sacaran, que hagan y deshagan, en 30 años de qué recursos nos nutriremos”.
“Esta es la preocupación más grande que tenemos. Las mineras están metiéndose a las asambleas, haciendo cateo, a un paso de meter las máquinas, y el juez dice que no había nada. En minería dicen lo mismo. Nos sorprende que digan eso con todo lo que se hace en la Puna y la Quebrada”.
“El juez habilitó la feria para recibirnos. Vinimos hace 15 días para ponerlo al tanto, ya que fuimos a la Secretaría de Pueblos Indígenas para exponer la cuestión, para que se hicieran reuniones, la secretaría está ausente, y decidimos concurrir al Juzgado de Minas”, agregó.
Chuchuy también protestó contra la Ley Bases, el RIGI, y dijo que los pueblos originarios son los más perjudicados con la privatización de la salud.
