Llega a juicio un emblemático caso de mala práxis en la salud pública
La joven sampedreña Fabiola Sánchez falleció en 2015, luego de una deficiente atención en el hospital materno infantil, donde concurrió para dar a luz; el nosocomio había sido inaugurado sin quirófanos por urgencias políticas.
La muerte de Fabiola Lorena Sánchez fue descripta como una tragedia evitable en el ámbito del sistema de salud público.
La mujer, de 29 años, había viajado el 4 de marzo de 2015, desde la ciudad de San Pedro de Jujuy hacia la Capital, atraída por los servicios que ofrecía el flamante hospital Materno Infantil, inaugurado sólo siete meses antes.
La gestión del entonces gobernador Eduardo Fellner, y quien fue su último ministro de salud, Saúl Flores, tenía apuro por inaugurar el nosocomio, que llevaba para esa época cuatro años en obra y pesaban sobre él fuertes sospechas de corrupción.
Parte del plantel de médicos se había manifestado en contra de la inauguración de la maternidad, porque consideraban que no estaban dadas las condiciones.
En ese contexto se desencadenó la tragedia de Fabiola Sánchez.
La joven llevaba un embarazo normal, aunque se sabía que tenía en su vientre un bebe más grande de lo normal (macro cefálico), por lo que en pleno trabajo de parto requirió una cesárea. Sin embargo, según consta en el expediente, ante la falta de quirófanos en el nuevo nosocomio, los médicos intentaron forzar un parto natural.
Ante la complicación del cuadro, la víctima fue derivada hacia el hospital Pablo Soria. Allí, según la demanda, quedó en manos de médicos residentes. La mujer fue sometida a varias cirugías de urgencia, y finalmente perdió la vida. Su bebé nació en buen estado.
De acuerdo a la demanda realizada posteriormente el estado, por la falta de servicio inicial, incurrió en mala práxis, ocasionándole la muerte a la joven.
La demanda contra el estado es la que comenzará a definirse mañana, con la primera y única audiencia de instancia civil. Si la sentencia es favorable a la familia de la víctima, el estado deberá indemnizarlos por los errores cometidos en lo que, se presume, fue una mala administración de salud.
Luego de tres años marchas y pedidos de justicia, la familia Sánchez se concentrará mañana en tribunales, a la espera de los alegatos.
Días después, los jueces deberán dictar sentencia.