Días pasados, el Ministro de Economía nacional, Sergio Massa, anunció el plan de suspender la Ley de alquileres vigente y convocar al Congreso para votar un nuevo instrumento legal.
Esto trajo incertidumbre a locadores e inquilinos de todo el país, que aun se cuestionan sobre su situación y los contratos celebrados.
El secretario del Colegio de Martilleros de Jujuy, Carlos Vaca Petrelli, comentó que desde esa institución, que forma parte del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios, se intenta traer tranquilidad a locadores y locatarios con lo que consideró “un absurdo del gobierno; una Ley del Congreso no puede ser derogada por un Decreto de Necesidad y Urgencia, máxime cuando el Congreso está en este momento en operaciones”.
Los contratos siguen vigentes, destacó la autoridad, y sostuvo que la Ley 27.551 fue un “engendro lamentable” pero pareja, ya que perjudicó a locadores, locatarios y agentes inmobiliarios porque provocó una paralización en la comercialización inmobiliaria.
“Se quitaron propiedades del mercado locativo, y los dueños amoblaron sus casas y aplican alquileres temporales con los que se hacen fortunas en dólares”.
Muchas personas, de acuerdo a Vaca Petrelli, volvieron a la casa de sus padres al no poder pagar un alquiler, las ofertas se fueron sacando del mercado, y al no haberlas, la gente se desespera y paga fortunas; “pagan cualquier cosa ante la desesperación de quedarse en la calle”.
En este sentido, agregó que advirtieron a las autoridades pertinentes que se debería cambiar y derogar la ley actual, presentando proyectos a través de distintos Colegios Inmobiliarios de toda Argentina.
“Lo que proponemos es volver a la vieja Ley de Alquileres, derogar la actual, volver a los dos años de vigencia de contratos y con la libre pactación entre las partes. En cuanto a los aumentos progresivos, se puede pactar que sean trimestrales o semestrales porque el propietario es el que lo aprobará, sabe cómo le ajusta el bolsillo, y a la vez le da tranquilidad y previsibilidad al contrato que se celebra. Los contratos firmados se tienen que respetar y se propone a las autoridades que esta es la solución”.
