Según denuncian los comuneros, la actitud de los efectivos fue “intimidatoria y de hostigamiento”, visitando cada una de las carpas, al tiempo que amenazaban a los campistas con el inminente avance de la fuerza de ser necesario si no procedían a retirarse del espacio público. Además del personal uniformado, fuertemente equipado con equipo antidisturbios, llegaron varios camiones recolectores del gobierno de la ciudad.
A pesar de la presión verbal, la voluntad de dialogo de los referentes de comunidades indígenas permitió un desarrollo pacífico del operativo. El comisario Delgadillo, a cargo del operativo afirmó:
En el marco de un operativo de higiene pública, el tercer Malón se retiraba y vinimos a colaborar para que el espacio público quede de la misma manera que se encontraba cuando lo ocuparon para la protesta durante los meses de agosto hasta la fecha En el marco de un operativo de higiene pública, el tercer Malón se retiraba y vinimos a colaborar para que el espacio público quede de la misma manera que se encontraba cuando lo ocuparon para la protesta durante los meses de agosto hasta la fecha
El Tercer Malón de la Paz había informado su retirada efectiva del lugar para la jornada de viernes, pero una serie de inconvenientes impidieron el retorno a Jujuy, reprogramándolo para el sábado, aunque todavía está en duda por la avería del transporte que originalmente los trasladaría. Según informó prensa del Malón, se envió una nota al gobernador Sadir solicitando asistencia, sin respuesta oficial hasta el momento.
Con incertidumbre sobre el viaje, se encuentran reubicados a un costado de la Plaza Lavalle mientras avanza el proceso de desarme de las estructuras. Una comunera visiblemente incómoda por el operativo explicó que "no habían sido informados debidamente del operativo, no dijeron porque... Cuando salimos de las carpas nos vimos rodeados... No había necesidad que nos echen".
Ayer informaron públicamente las acciones a tomar de aquí en más, incluyendo un balance de los cuatro meses de presencia en territorio porteño.También se confirmó la entrega del informe final elaborado por la Comisión de Recepción y Análisis de Denuncias sobre Violencia Institucional en Jujuy ante la CSJN. Organismo creado por el expresidente Alberto Fernández, el último agosto, luego de los episodios de violencia institucional registrados entre junio y julio en nuestra provincia.
El informe reúne testimonios de más de 320 víctimas directas y de más de 114 comunidades indígenas. Y señala múltiples violaciones a los Derechos Humanos en varias localidades, incluyendo los últimos episodios, como intentos de desalojo, en la localidad de Tilcara.
