Los mecanismos parlamentarios obturan la resolución de los problemas

Pero, más allá de esto, lo que realmente preocupa es la consecuencia de esa inacción: el deterioro del tejido social. Por ejemplo, la falta de recursos humanos en las escuelas para atender a alumnos con problemas termina degenerando en violencia, en conflictos que podrían haberse prevenido. La contención social, en muchos casos, está ausente, y eso ayuda a que las familias, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad, caigan en un estado de abandono total, sin asistencia ni apoyo del Estado. La política, que debería ser el instrumento de solución, en estos 40 años ha estado ausente en la generación de soluciones reales y efectivas.

Los datos son alarmantes: en solo un mes, en mayo, tuvimos tres femicidios, un dato que explica con brutal claridad la gravedad de la situación. Ni hablemos de los casos de bullying en las escuelas no tan solo las públicas, sino también, en los establecimientos privados.

Esto no puede ser solo una estadística más, sino un grito de alarma. La violencia de género, la inseguridad, el desamparo total: todo ello refleja una sociedad que está pidiendo ayuda, que necesita un estado presente, que deje de reaccionar solo cuando le pegan en la puerta.

Estamos ante un momento crítico. La sensación de desamparo total que atraviesa a nuestra comunidad no puede seguir siendo la norma. Es hora de que cambien las prioridades que se rediseñen los presupuestos, que los mecanismos legislativos funcionen con la urgencia que la realidad exige, y que todos, gobierno, política, comunidad, pongamos los recursos necesarios para construir una sociedad más segura, más justa, y más humana.

Desde el punto de vista parlamentario, está claro que hay que hacer cambios profundos en cómo funciona nuestro sistema. La actual estructura y los reglamentos favorecen a una especie de tiranía de las mayorías, que impide discutir temas importantes y avanzar en soluciones reales para la sociedad. No puede ser que, en plena crisis social, no se pueda reunir una comisión sobre género porque no se alcanza el quórum, mientras en paralelo no se toman decisiones frente a problemas urgentes que afectan a jóvenes, mujeres, o a comunidades enteras.

Además, es inadmisible que las iniciativas que buscan fortalecer la transparencia, por ejemplo, se tengan que abortar porque la mayoría decide que no y todo se hace a libro cerrado.

Esto evidencia una distorsión enorme en el papel de los legisladores. Ellos deben ser representantes de la ciudadanía, su autoridad y su compromiso es con la sociedad, no con la casa de gobierno ni con los intereses de unos pocos. La ley y los reglamentos deben ajustarse a esa realidad, y eliminar esas potestades que concentran el poder en una sola mayoría. La democracia no puede ser simplemente una suma de números; requiere debates, acuerdos, inclusión y, sobre todo, sensibilidad social.

El statu quo que sostiene esta dinámica perversa no solo limita la posibilidad de legislar con espíritu de servicio, sino que también genera un enorme deterioro en la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas. La resistencia a estos cambios -que son imprescindibles- solo profundiza la crisis, agravando los problemas y alimentando más tensión en la sociedad.

Es hora de que nuestros representantes asuman que su rol es, ante todo, estar al servicio de la sociedad, escuchando, debatiendo y construyendo soluciones que realmente respondan a la gravedad de los problemas que padece la gente.