El tema de la tarifa de luz en Jujuy se ha convertido en una herida abierta que, lejos de sanar, expone el profundo malestar social frente a un servicio cada vez más cuestionado. Mientras las boletas llegan con aumentos que golpean de lleno el bolsillo de miles de familias, la dirigencia política parece moverse entre silencios, gestos tibios y discusiones que no terminan de traducirse en soluciones concretas para los usuarios.
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Los diputados de Rivarola y el defensor del pueblo no son creíbles para el caso Ejesa
Tarifas impagables, cortes constantes y organismos de control cuestionados. El malestar social por el servicio eléctrico crece en toda la provincia mientras cada vez más sectores exigen explicaciones, controles reales y una revisión profunda del modelo energético en Jujuy.
Resulta indignante observar cómo, en lugar de activarse mecanismos institucionales firmes para controlar a la empresa prestataria y revisar el esquema tarifario, gran parte de la política se limita a declaraciones o pedidos formales que para muchos ciudadanos llegan tarde y lucen insuficientes. La sensación que crece en la sociedad es que existe una enorme distancia entre quienes toman decisiones y quienes deben elegir todos los meses entre pagar la luz o cubrir otras necesidades básicas.
Los reclamos contra EJESA ya no son aislados. En distintos puntos de la provincia se multiplican las quejas por cortes frecuentes, deficiencias en el servicio y aumentos considerados excesivos. En ese contexto, organismos que deberían actuar como garantes de los derechos de los usuarios, como la SUSEPU, la Secretaría de Energía o incluso la Defensoría del Pueblo, aparecen cuestionados por amplios sectores sociales que sienten que el control estatal no está funcionando con la firmeza necesaria.
La política no puede limitarse a administrar el malestar social mientras las facturas se vuelven impagables. Lo que muchos usuarios esperan es una rendición de cuentas seria y transparente. Una interpelación pública a los responsables del sistema energético provincial no debería ser vista como un gesto excepcional, sino como una obligación institucional frente a un problema que afecta la vida cotidiana de miles de jujeños.
Si el esquema actual no garantiza inversiones suficientes, calidad del servicio y tarifas razonables, entonces corresponde abrir un debate profundo sobre el modelo de concesión y sobre el rol del Estado en el control de un servicio esencial. La energía no puede quedar reducida únicamente a una ecuación financiera cuando detrás hay comercios que cierran, jubilados endeudados y trabajadores que no logran afrontar el costo de los servicios básicos.
También genera controversia el tono de algunos planteos institucionales. Pedir “compasión” a una empresa prestataria puede interpretarse como un reconocimiento implícito de debilidad del propio sistema de control. La discusión de fondo no debería depender de gestos de buena voluntad, sino del cumplimiento estricto de contratos, obligaciones regulatorias y mecanismos efectivos de defensa del usuario.
Un defensor del pueblo, un ente regulador o cualquier organismo de control tienen la responsabilidad de defender derechos y exigir respuestas concretas, no solo mediar en medio del conflicto. Porque cuando los organismos encargados de controlar parecen resignarse a administrar la crisis en lugar de corregirla, lo que termina debilitándose es la confianza pública en las instituciones.
La sociedad jujeña atraviesa un nivel de hartazgo cada vez más visible. Y si la política no logra canalizar ese reclamo con respuestas reales, el riesgo es profundizar aún más la distancia entre los ciudadanos y un sistema institucional que muchos sienten cada vez más alejado de sus problemas cotidianos.