El gobierno está convencido de que la democracia es un estorbo

El concepto de “abandono de personas” no debe leerse únicamente como una figura del Código Penal aplicable a casos individuales; aquí estamos ante una omisión deliberada de los deberes de funcionario público que empuja a cientos de jujeños a una intemperie social absoluta. Hablamos de jóvenes atrapados por el consumo problemático ante la inexistencia de redes de contención, de vecinos hacinados sin servicios básicos y de familias asfixiadas por tarifas eléctricas usureras que funcionan como un mecanismo de expropiación del poco ingreso que queda en hogares sin empleo.

La degradación del sistema sanitario, con hospitales emblemáticos como el Gallardo de Palpalá reducidos prácticamente a simples postas de primeros auxilios, y mujeres de San Pedro a punto de dar a luz deambulando sin atención por falta de insumos, es la prueba más cruel de esta deserción estatal.

Ante este panorama, el silencio de la Justicia es ensordecedor. Los fiscales parecen haber olvidado su obligación de investigar de oficio hechos que son de público conocimiento, mientras los pedidos de informes se acumulan en los cajones de una Legislatura que muchas veces funciona más como blindaje de la dirigencia que como verdadera casa del pueblo.

En términos legales, este incumplimiento de los deberes de asistencia y la exposición permanente de la población al peligro deberían derivar en responsabilidades concretas para quienes administran el Estado, porque la negligencia institucional también puede transformarse en una forma de violencia social.

Sin embargo, para gran parte de la dirigencia política, la democracia parece haber dejado de ser un sistema de representación de la voluntad popular para convertirse en un estorbo. Los mecanismos de control, la división de poderes y la transparencia son vistos como obstáculos que ralentizan el ejercicio del poder y la administración del privilegio. Para muchos funcionarios, el ciudadano parece existir solamente el día de las elecciones; el resto del tiempo, sus necesidades, su inseguridad y su hambre se transforman en simples interferencias dentro de una agenda política completamente divorciada de la realidad territorial.

Y cuando hablamos de ese divorcio entre política y realidad, no estamos utilizando una metáfora. El Código Penal argentino contempla la figura de abandono de personas cuando alguien coloca en situación de desamparo a otro cuya vida o salud depende de asistencia. El Estado, a través de sus funcionarios, tiene un deber constitucional de garante: asistir no es una opción, es una obligación derivada de su cargo.

Si un hospital no tiene insumos, si no hay médicos para atender emergencias, si barrios enteros quedan librados a la inseguridad o si los servicios esenciales colapsan por falta de control e inversión, el Estado está dejando a ciudadanos en una situación concreta de riesgo. Y allí también aparecen otras figuras legales, como el incumplimiento de los deberes de funcionario público o incluso posibles responsabilidades vinculadas a la administración de fondos públicos.

El problema es que para que las leyes se apliquen hace falta una Justicia independiente y organismos de control que funcionen de verdad. De lo contrario, la ley se convierte en letra muerta y el desamparo termina naturalizándose como política oficial. Porque la desidia no es un error administrativo menor: cuando pone en riesgo la vida y la salud de la población, deja de ser una simple falla de gestión para transformarse en una grave responsabilidad institucional.