Desde los inicios de la prensa en sus formas más rudimentarias, se ha entrelazado con los círculos del poder, generando una mezcla de fascinación y conflicto que ha perdurado a través de los siglos. La invención de la imprenta por Juan Gutenberg en la Europa medieval abrió las puertas a una nueva era de divulgación de la palabra escrita, pero también suscitó reticencias y resistencias por parte de los monarcas absolutos de la época, quienes veían en ese invento una amenaza a su control y dominio.
La voz de la libertad: Un derecho fundamental
La relación entre el poder y la prensa ha sido una danza compleja y cautivadora a lo largo de la historia.
Siglos más tarde, Napoleón Bonaparte, con su vasta experiencia en lidiar con la prensa y su impacto en el poder, no dudó en expresar su deseo de gobernar de forma absoluta y controlar a los periodistas de su tiempo. "La libertad de prensa", dijo el Emperador, "debe estar en manos del gobierno, siendo un poderoso aliado para difundir las sanas doctrinas y los buenos principios por todo el Imperio. Dejarla desatendida es dormirse junto a un peligro".
En el siglo XIX, otro hábil gobernante, Otto Von Bismarck, desde la Cancillería prusiana, puso en marcha una estrategia más pragmática y maquiavélica. Ordenó la creación de un fondo presupuestario especial destinado a comprar periodistas y convertir la prensa en un mero instrumento de propaganda estatal. Este fondo, conocido en aquellos círculos políticos de la época con el despectivo nombre de "fondo de los reptiles", ejemplificaba la intención de manipular la prensa en beneficio del poder establecido.
Desde esos tiempos el mundo, aunque no los políticos, han evolucionado y la libertad de expresión es considerada el pilar fundamental sobre el cual se construye una sociedad informada y comprometida. Es a través de este derecho que los ciudadanos pueden acceder a información veraz, exigir cuentas a las autoridades y compartir sus ideas con el mundo.
Sin él, nuestras percepciones se estrecharían y nuestra visión del mundo se vería limitada, dejándonos atrapados en una realidad sesgada y opresiva.
Estas advertencias han sido reiteradas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que reconoce la importancia crucial de este derecho fundamental.
La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 19, establece claramente el derecho a la libertad de opinión y expresión. Este derecho incluye el derecho a investigar, recibir y difundir información e ideas sin limitaciones ni fronteras. A nivel regional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) también garantiza este derecho en su artículo 13, prohibiendo las restricciones indirectas y acotando la censura previa a la protección de derechos de terceros, la seguridad nacional y el orden público.
Es importante destacar que el ejercicio de la libertad de expresión no puede estar sujeto a censura previa, sino a responsabilidades ulteriores establecidas por la ley, que buscan proteger los derechos y la reputación de los demás, así como la seguridad nacional, el orden público, la salud y la moral pública. Además, el derecho de expresión no puede ser restringido de forma indirecta, mediante el abuso de controles oficiales o particulares sobre los medios de comunicación o cualquier otro medio que busque impedir la libre circulación de ideas y opiniones.
Dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se ha desarrollado una amplia doctrina y jurisprudencia que enfatiza la importancia de este derecho. Se reconoce que la libertad de expresión no solo es el derecho a pensar y expresarse libremente, sino también el derecho a compartir sentimientos e ideas sin discriminación. Además, se destaca su papel clave en el ejercicio de otros derechos y como piedra angular de la democracia misma. Una sociedad libre y democrática requiere de una ciudadanía bien informada, capaz de participar activamente en los asuntos públicos.
Proteger y promover la libertad de expresión es un compromiso esencial para los Estados. Garantizar este derecho implica generar un entorno propicio para que los ciudadanos puedan expresarse sin temor a represalias. Además, es fundamental asegurar que existan mecanismos efectivos para investigar y sancionar cualquier violación a este derecho.
En un mundo cada vez más interconectado, la libertad de expresión se vuelve aún más relevante. Las nuevas tecnologías y las redes sociales han abierto un espacio sin precedentes para el intercambio de ideas y opiniones. Sin embargo, también han surgido nuevos desafíos, como la difusión de información falsa o la intolerancia hacia diferentes puntos de vista. En este contexto, es aún más crucial proteger y fortalecer la libertad de expresión como un baluarte de la democracia y el progreso.
En última instancia, la libertad de expresión no solo es un derecho individual, sino un derecho colectivo que nos concierne a todos como sociedad. Debemos defenderlo, no solo por nosotros mismos, sino por las generaciones futuras. Debemos asegurarnos de que nuestras voces nunca sean silenciadas y de que la luz de la verdad siempre brille en nuestros horizontes.
En un país donde la historia ha dejado cicatrices profundas en la libertad de prensa, enfrentamos nuevamente una sombra inquietante que se cierne sobre aquellos que buscan desentrañar la verdad y dar voz a la sociedad. La violencia ejercida contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación representa una afrenta directa a la libertad de expresión, que es el pilar fundamental de toda sociedad democrática.
Durante las sombrías épocas de dictaduras que plagaron nuestra región, la desaparición y los asesinatos de periodistas se convirtieron en un arma perversa para silenciar a la prensa independiente. Sin embargo, la recuperación de la democracia no ha erradicado esta lacra, y hoy en día, nuevos desafíos se presentan ante quienes tienen el valor de enfrentar a los poderosos intereses que operan desde las sombras.
Jujuy es un lugar donde el peligro ronda cotidianamente a los periodistas, han sido testigos de la oscuridad que puede envolver la verdad.
La pregunta es incómoda, pero su respuesta es urgente. No podemos permitirnos ignorar los riesgos que acechan a la libertad de prensa en Jujuy. A medida que los periodistas se adentran en territorios peligrosos como la corrupción, o los abusos a los derechos humanos, se vuelven vulnerables a los embates de aquellos que buscan ocultar la verdad y perpetuar la impunidad.
El Estado tiene el deber ineludible de proteger y garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales, y la libertad de prensa no debe ser la excepción. Prevenir los ataques a periodistas debe ser una prioridad, y cuando estos atentados ocurren, la justicia debe actuar con firmeza para investigar y sancionar a los responsables, tanto materiales como intelectuales.
La impunidad es el veneno que contamina el tejido democrático. Cuando los crímenes contra periodistas quedan sin castigo, se siembra el peligroso terreno donde la violencia puede brotar una y otra vez. Nuestra sociedad no puede permitirse volver a caer en la oscuridad que ya ha manchado nuestra historia.
En un Estado de Derecho, el compromiso con la libertad de expresión y el derecho a la información debe ser inquebrantable. Los ciudadanos, las instituciones y los medios de comunicación deben alzar su voz para defender esta libertad amenazada. Solo a través de la unidad y la firmeza podremos arrebatar la pluma de la opresión y dejar que la verdad vuelva a volar libremente en nuestros cielos.
El desafío es inmenso, pero no podemos mirar hacia otro lado. El autoritarismo se alimenta del silencio, pero la democracia se nutre de la valentía y la perseverancia de aquellos que no temen enfrentar la verdad. No es solo una lucha por los periodistas, es una lucha por la libertad misma, una lucha que no debe tener descanso ni tregua.
En nuestras manos y en nuestras palabras está el poder para preservar y proteger la libertad de prensa. No podemos quedarnos inmóviles ante la amenaza. Es hora de alzar nuestra voz y defender con fuerza los cimientos de la democracia que tanto nos ha costado construir. Solo así podremos asegurar un futuro en el que la libertad de expresión no sea una utopía, sino una realidad viviente para todos los que anhelamos vivir en un mundo más justo y libre.
En el complejo escenario de la transición democrática, la prensa se enfrenta a un desafío crucial: apostar decididamente por la democracia y la modernidad, dejando atrás su pasado de servidumbre política ante el poder autoritario. Solo así podrá cumplir con solvencia su nuevo rol en esta etapa de cambios y transformaciones.
La relación entre la prensa y el poder siempre ha sido conflictiva, y en el proceso de transición hacia la democracia, esta relación adquiere nuevas facetas. Es fundamental que la prensa sea capaz de reforzar los rasgos democráticos del poder sin contaminarse servilmente en su acercamiento. Para ello, debe romper con su pasado, negando cualquier complicidad con el autoritarismo y abriendo paso a un futuro de independencia profesional.
En este contexto, la prensa tiene la responsabilidad de contribuir a construir una nueva cultura política democrática, beneficiándose de los valores que esta implica. Esto implica limpiar la relación antigua con el poder y crear un espacio donde la independencia sea un requisito esencial para la construcción de la democracia y la consolidación del nuevo poder político.
El proceso de democratización del poder y la democratización interna de la prensa están estrechamente vinculados. La prensa, al promover la democratización del poder, fortalece su propio papel como contrapoder fiscalizador y vigilante en el nuevo espacio democrático. En contraposición, al preservar valores de la cultura política autoritaria, la prensa invalida su condición intrínseca como contrapeso y limita su capacidad de cumplir con su responsabilidad social en la construcción de una sociedad más justa y transparente.
En este contexto, la prensa no tiene muchas opciones en las sociedades en transición hacia la democracia. Debe optar por apoyar activamente la democracia, reafirmando su papel de contrapoder y velando por la rendición de cuentas y la transparencia, o rechazarla y renunciar a su función fiscalizadora, quedándose rezagada en el pasado autoritario.
El desafío es claro: la prensa debe asumir su compromiso con la democracia y la modernidad, romper con el pasado y fortalecer su papel como garante de una sociedad informada y participativa. En este proceso, la prensa se convierte en un actor clave en la construcción de una democracia sólida y en la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. En el momento en que las sociedades atraviesan cambios cruciales, la prensa tiene un papel determinante en la forja de un futuro prometedor para todos.