Reconocen detenciones ilegales en el Servicio Penitenciario
Dos agentes de la Policía de la Provincia y un oficial del Servicio Penitenciario, en función durante el golpe de Estado en 1976, declararon en la sexta audiencia del cuarto juicio por delitos de lesa humanidad en Jujuy y coincidieron en reconocer “detenciones ilegales” y “áreas restringidas” donde se realizaban “indagatorias”.
El juicio investiga las vejaciones contra 17 militantes del Partido Comunista (PC), nueve de ellos aún desaparecidos por el que se juzga a 14 imputados por privación ilegítima de la libertad, torturas y otros delitos cometidos en la última dictadura.
Durante la audiencia, prestaron declaración, citados por dos de los abogados querallantes, los agentes de la Policía de la Provincia, Andrés Avelino Cayon y Miguel Angel Jaime, y Juan Mamaní, jefe de guardia, internas y externas, del Servicio Penitenciario.
Mamaní se desprendió de cualquier participación respecto del ingreso o egreso de presos políticos y sostuvo que en el caso de la entrada de camiones con este tipo de detenidos “no eran controlados” ya que “estaban a cargo del oficial Arjona”, quien daba las órdenes de dejarlos pasar.
Consultado por la querella respecto de libros donde aparece su firma en el ingreso al Servicio Penitenciario de traslados donde aparecían la mayoría de las víctimas de esta causa, reconoció su firma pero se excusó con que los superiores los obligaban a ello.
Por otro lado, Cayon, quien fue parte del comando radioeléctrico y del comando de radio patrulla manifestó que se encargaba de detener delincuentes en la vía pública, por órdenes de “arriba”.
Sobre la posibilidad de haber detenidos a presos políticos, señaló que si bien detenían a mucha gente “no sabíamos si podían estar siendo buscados por subversivos”.
En su lugar de trabajo, reconoció saber que se albergaba a presos políticos y afirmó renunciar en el 77 porque no les gustaba la situación de detenciones ilegales que se presentaban.
En la causa, denominada por los organismos de derechos humanos “nuna puka” (almas rojas) por la militancia comunista de las víctimas, están imputados ex militares, agentes retirados de las policías Federal y Provincial, entre ellos, Alberto Callao, Juan Carlos Vaca, Siro Goyechea, Armando Ruíz, Armando Claros, Carlos Alberto Gutiérrez y Ramón Herrera.
También están acusados Catalino Soto, Melanio Portal, Federico Colmenares, Teodomiro Batalla y Jorge Ernesto Mendoza, que llegaron al juicio oral en libertad.
Completan la lista de imputados Rafael Mariano Braga y Eduardo Bulgheroni, ya condenados a prisión perpetua durante el primer juicio por delitos de lesa humanidad celebrado en la provincia, quienes mantendrán conexión durante el proceso a través de videoconferencia desde los servicios penitenciarios donde cumplen las penas.
La causa investiga el secuestro de 17 militantes del Partido Comunista, la mayoría de la localidad de Tumbaya, ubicada a 45 kilómetros al norte de San Salvador de Jujuy, y los restantes en la capital jujeña, entre agosto y diciembre de 1976. (Télam)