Lello Sánchez: de hombre fuerte del poder a integrante de la lista de perejiles

En términos sencillos, para usted, el peculado de servicios ocurre cuando un funcionario público utiliza recursos, herramientas o personal del Estado para su beneficio personal o para fines ajenos a la función pública, en lugar de destinarlos al trabajo institucional.

En este caso concreto, la acusación apunta a que se habrían desviado servicios o empleados de la Procuración para tareas o intereses particulares.

Por otro lado, cuando la Fiscalía habla de veinte hechos en concurso real, lo que está señalando es que no se trata de un único episodio aislado ni de una maniobra continuada, sino de veinte eventos independientes y autónomos entre sí. En el derecho penal, el concurso real significa que cada uno de esos veinte actos se computa como un delito separado, por lo que las posibles penas de cada episodio se van sumando en el proceso judicial, en lugar de absorberse en una sola condena. En resumen, la Justicia considera que se cometió una irregularidad con recursos públicos en veinte oportunidades distintas y que cada una de ellas tiene su propio peso legal.

El artículo 261 del Código Penal sanciona al funcionario público que se apodera o sustrae caudales o efectos que tiene bajo su custodia o administración por razón de su cargo. Pero además, en su segundo párrafo, castiga específicamente a quien utiliza en su provecho personal, o en el de un tercero, trabajos o servicios que son pagados por la administración pública. En términos simples y claros, lo que busca la ley es evitar que un funcionario use el presupuesto o el personal del Estado como si fuera su empresa o su patrimonio privado, y fija para este delito penas que van de dos a diez años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Algunos casos protagonizados por Lello Sánchez como brazo ejecutor: la represión durante la reforma constitucional de junio de 2023; causas armadas para silenciar a personas; la causa de los tuiteros; allanamientos masivos a organizaciones sociales en 2022. Fueron 16 allanamientos por presunta asociación ilícita y extorsión en distintas sedes de estas organizaciones. También, la creación del Juzgado Contravencional, organismo utilizado como herramienta para disciplinar la protesta social y desalentar la movilización, entre otros.

Desde una lectura puramente política, lo que se observa detrás de esta imputación, tras meses de desgaste, es la clásica dinámica de descarte y reordenamiento de poder dentro de un régimen oficialista. Durante años, Sergio Lello Sánchez funcionó como la herramienta judicial indispensable del esquema de poder provincial, encargado de ejecutar las decisiones más duras y desgastantes desde la Procuración. Sin embargo, en la política real, los actores que asumen ese rol de blindaje coercitivo acumulan un costo político y un nivel de rechazo social e institucional tan altos que, tarde o temprano, se convierten en un activo tóxico o volátil para la propia estructura que los sostuvo.

Cuando el liderazgo político —que sigue respondiendo al espacio de Gerardo Morales— evalúa que el funcionario ya no garantiza estabilidad, sino que genera focos de conflicto inmanejables o disputa márgenes de autonomía, la decisión suele ser soltarle la mano. El hecho de que la acusación penal avance recién ahora por delitos que eran plenamente auditables desde hace tiempo evidencia que la Justicia, en estos contextos, no actúa por mera generación espontánea, sino cuando el cerrojo político superior habilita el avance.

Respecto de por qué no se persigue la cadena de mandos o la responsabilidad de quien daba las órdenes, la respuesta está en la misma arquitectura del derecho penal y de la estrategia política: la responsabilidad penal es individual y recae en quien firma y ejecuta el acto administrativo, mientras que la complicidad política se difumina deliberadamente.

Sacrificar al brazo ejecutor mediante causas por peculado de servicios le permite al poder político dominante depurar la imagen de la gestión, mostrar una supuesta independencia judicial y cerrar un ciclo, sacrificando al alfil para salvar al rey y mantener intacto el control del aparato gubernamental.

Durante todo este tiempo, Morales pergeñó esta línea de acción, controlando a los fiscales e impartiéndoles, seguramente, directivas que terminan con esta medida contra quien fuera el hombre fuerte del poder, ahora devenido en perejil.