Vamos a hablar de la energía, de la famosa boleta de la luz que llega a los hogares y a los negocios de Jujuy no como un servicio, sino como una verdadera declaración de guerra a la economía popular. Los datos que manejan los sectores comerciales son demoledores y reflejan una tragedia silenciosa, pero implacable: ya se habla de cerca de 1.500 comercios que tuvieron que bajar las persianas definitivamente, víctimas de una retracción económica que araña el 28 por ciento de la actividad en el territorio provincial.
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No es la boleta de la luz, es la deuda
Nos enfocamos sobre una realidad que no da para más, una situación que quema los bolsillos y que está asfixiando el día a día de miles de familias y laburantes en nuestra provincia.
Detrás de cada persiana baja hay un emprendedor frustrado, familias sin sustento y empleados a la deriva. ¿Y cuál es el detonante principal de este estrago? Una matriz tarifaria invivible.
La gran paradoja de todo esto nos lleva inevitablemente a mirar hacia la Puna, hacia el promocionado parque fotovoltaico Cauchari. Durante años nos vendieron el relato de la vanguardia verde, de la soberanía energética y, por sobre todas las cosas, nos prometieron que tener el parque solar más grande de la región significaría una energía más barata para los jujeños. Hoy, a más de una década del inicio de ese proyecto, la realidad golpea con una ironía cruel: Jujuy genera energía limpia para el país, pero sus habitantes pagan una de las tarifas más caras de toda la Argentina.
¿Qué pasó en el medio? Pasó una ingeniería financiera que hoy se demuestra letal. Cauchari terminó costando el doble que otros emprendimientos de igual o mayor envergadura, y esa fiesta de dólares no fue gratis. Estamos hablando de una pesada herencia en moneda extranjera que incluye créditos con el Eximbank por 54 millones, erogaciones que superan los 81 millones y recursos comprometidos por otros 72 millones de dólares. Una deuda monumental que, lejos de ser costeada por las supuestas ganancias de la venta de energía, se está pagando de manera indirecta a través de los impuestos y el salario de los propios trabajadores.
Y acá es donde el rompecabezas cierra de la peor manera, porque mientras las tarifas de los servicios públicos suben por el ascensor, los ingresos de los trabajadores van por la escalera y, a paso de tortuga, la indignación social no es casual.
El reciente y rotundo rechazo por parte del gremio docente CEDEMS a una propuesta paritaria del 4 por ciento en cuotas es el reflejo exacto de un termómetro social que ya marcó el límite. Es una falta de respeto ofrecer migajas en cuotas cuando el costo de mantener la luz encendida se devora un porcentaje alarmante de un sueldo básico. No se le puede pedir más sacrificio a los maestros, a los estatales ni a los empleados de comercio cuando el costo de vida está dolarizado por las malas decisiones políticas y los salarios siguen licuándose en pesos.
Para entender el origen de esta debacle, hay que ponerle nombre y apellido a la responsabilidad política. Esta tragedia financiera y social no cayó del cielo; es el resultado directo de una política de endeudamiento irresponsable diseñada y ejecutada durante la gestión de Gerardo Morales, una estrategia que no se hizo a espaldas de todos, sino que contó con la complicidad necesaria y el consentimiento de una Legislatura provincial que funcionó como una escribanía. Y en ese escenario, resulta imposible no señalar el pacto de convivencia política, ese acuerdo contra natura con sectores de la oposición liderada por Rubén Rivarola, que garantizaron la gobernabilidad y el silencio mientras se hipotecaba el futuro de la provincia. Ellos dos, como cabezas de un modelo de concentración y negocios, son los máximos responsables políticos de este estrago económico. Mientras los mentores de este modelo disfrutan del retiro o de sus privilegios políticos, el costo de la deuda y de las tarifas impagables lo siguen pagando, peso por peso, los trabajadores y los comerciantes jujeños que intentan sobrevivir a la crisis.
Si las autoridades siguen mirando para otro lado y manteniendo este rumbo, las consecuencias para el pueblo jujeño van a pasar de ser una crisis coyuntural a convertirse en un daño estructural irreversible, un verdadero desierto social. Lo primero que vamos a ver es una profundización drástica de la desocupación y la informalidad laboral, porque cada comercio que cierra y cada pyme que quiebra arrastra consigo puestos de trabajo genuinos que el mercado local hoy no tiene la capacidad de absorber.
Vamos a asistir a un escenario de exclusión donde el trabajador formal va a caer bajo la línea de la pobreza y los sectores que ya estaban vulnerables van a quedar sumergidos directamente en la indigencia, obligados a elegir entre alimentar a sus hijos o mantener la luz encendida en sus hogares. Al mismo tiempo, el deterioro de la calidad de vida va a impactar de lleno en la salud y la educación pública, ya que los salarios licuados de los docentes y profesionales de la salud van a seguir alimentando un conflicto social permanente, con paros y movilizaciones crónicas que terminan vaciando de futuro a las próximas generaciones.
La falta de respuestas institucionales y la impunidad de la clase política responsable solo van a erosionar aún más la confianza en la democracia local, alimentando un clima de crispación, bronca y conflictividad en las calles que puede terminar en estallidos sociales impredecibles.
En definitiva, si no hay un freno a este tarifazo y una auditoría seria sobre la deuda que dejó Cauchari, Jujuy corre el riesgo de transformarse en una provincia viable únicamente para los negocios de unos pocos privilegiados, mientras la inmensa mayoría de su población queda condenada al estancamiento, la migración forzada de sus jóvenes y la pérdida absoluta del bienestar básico.