Las inocultables aberraciones en el Ministerio Público de la Acusación

Lo normal debería haber sido el siguiente procedimiento: después de la publicación de la ley 5895, ustedes debían esperar 8 días corridos para que la ley entrara en vigencia y transcurrido ese plazo, el superior tribunal de justicia debía elevar la terna de candidatos al poder ejecutivo y morales elegir a uno de ellos y elevar el pliego para que lo apruebe la legislatura.

El presidente de la legislatura el Sr. Carlos Haquim debía convocar a sesión especial con al menos 24hs de anticipación y tras la aprobación del pliego, morales debía emitir el decreto de designación y hacerlo publicar en el boletín oficial y luego notificar al superior tribunal de justicia para que en reunión plenaria la presidenta del cuerpo, Clara Falcone, le tome juramento.

Pero como lo designaron a "dedo" (sin que entrara en vigencia la ley 5895 y sin contar con la terna del superior tribunal), como el juramento lo tomo la presidente de la corte por orden de Morales mientras el cuerpo se encontraba de receso por feria judicial, y luego dicha designación se publicó un mes y medio después de asumir, todo se trató de un procedimiento nulo y así este señor Sánchez de manera totalmente irregular se convirtió en un funcionario de facto.

Como antecedente final la ley 5895 es inconstitucional ya que el artículo 57 de la constitución jujeña establece que el ministerio público, será ejercido ante los tribunales y juzgados inferiores por los fiscales, agentes fiscales y defensores y no contempla ningún organismo superior que los subalterne. Los fiscales terminaron sometidos a un señor elegido a "dedo" por morales y esto habla claramente de la intención perversa de someter al poder judicial a su vocación hegemónica, pero para ello, necesitaban un tipo de las características de Lello Sánchez para “forrearlo” todo el tiempo.

A ver si nos entendemos muchachos del gobierno: esto se trató de un entramado político donde intervinieron de forma manifiesta para alterar el proceso constitucional: la ley 5895 fue sancionada y publicada, pero la designación del fiscal de la acusación se hizo “a dedo” sin la necesaria terna de la corte ni la vigencia plena de la ley, el juramento se llevó a cabo en una sesión irregular y fuera de los plazos, y todo ello desembocó en un funcionario designado de facto que concentró control sobre la acción penal es decir con zona liberada para la actuación con toda impunidad por parte de este sujeto.

Esto revela una concatenación de actos que vulneran la jerarquía normativa y el debido proceso: desde la creación de un órgano superior para fiscalización de la acción penal hasta su designación fuera de los procedimientos constitucionales, con un juramento ejecutado en medio del receso judicial y una publicación tardía en el boletín oficial que consolidó la irregularidad. En suma, se observa el claro desvío del diseño institucional previsto por la constitución y la ley con fines políticos que debilitaron aún más, la independencia judicial y subordinando a la fiscalía al poder ejecutivo, dejando al descubierto una intención de hegemonizar la tutela penal por encima de las instituciones, atropellando garantías, plazos y procedimientos constitucionales.

Una denuncia de "perejiles contra otro perejil"

A los perejiles que en su momento fueron víctimas del ex procurador Sergio Lello Sánchez y que terminaron en otras dependencias del poder judicial y dentro de la propia estructura del ministerio público de la acusación se les ofreció avanzar contra el ex funcionario y aceptaron firmar el contenido de la denuncia contra Lello Sánchez seguramente redactada por otros perejil de alto rango incondicional al ex gobernador.

Usaron de “forro” a Sergio Lello Sánchez por más de diez años como instrumento de poder y este señor por orden de morales, fue uno de los que redacto el código contravencional, instrumento de recaudación y persecución de dirigentes sociales y políticos, organismo también involucrado en un caso de corrupción por supuesta malversación de fondos públicos. Lello Sánchez fue objeto de denuncias por violencia de género en reiteradas oportunidades y por persecución a dirigentes sociales, políticos y hasta magistrados del poder judicial. Tan es así que se conoció un altercado a posteriori de producirse la denuncia entre el ex funcionario y la Dra. Laura Lamas vocal de la corte suprema de la provincia de Jujuy dentro de las instalaciones del poder judicial. Frente a los reiterados excesos de Lello Sánchez el "poder real" del cual el gobernador Sadir es participe responsable y que no se haga el distraído ya que sus tardías declaraciones como que “la medida fue un poco sorpresiva”.

Simulando a un monje budista, actitud que repitió en todos los casos de gravedad como lo ocurrido en el tribunal contencioso administrativo cuyo responsable es el “perejil Matías Ustarez” o en el caso de la residencia “Ranys” en la causa de trata de mujeres que hizo saltar a los fiscales ahora denunciantes de Sánchez entre otros hechos aberrantes, Sadir siempre hizo el mismo papel de “yo no fui”. Sin embargo, Sadir es el que tiene que aceptar la renuncia del sujeto en cuestión. Pero además, todos los jujeños de bien saben que Sadir es parte de este grupito que explica claramente la tragedia de Jujuy.

Todos Ustedes decidieron soltarle la mano, teniendo en cuenta que los excesos de Lello Sánchez en medio de la campaña electoral hicieron crujir los intereses políticos y económicos del statu quo en Jujuy.

Mas sofisticadamente el doctor Vicente Casas ex juez federal, lo definía institucionalmente diciendo que lo ocurrido "no es más que una consecuencia de lo que fue la reforma constitucional del 2023, donde se dieron poderes a funcionarios que no tuvieron ningún control".

La reforma no es más que otro esperpento pensado por el ex gobernador de Jujuy Gerardo Morales quitándole sustancia al espíritu de la democracia en Jujuy.

Ahora bien, volviendo a la presentación de la denuncia solicitando el juicio político contra el ex procurador fiscal de la provincia, en los considerando los integrantes de la comisión investigadora con amplia mayoría oficialista potenciada gracias a la subordinación de los socios "contra natura" del partido justicialista, sostuvo que hay indicación precisa y circunstanciada de los hechos y ofrecimiento de prueba documental de acuerdo a los hechos denunciados en relación a lo que reza el artículo 250 del reglamento de la escribanía de gobierno ex legislatura de la provincia de Jujuy.

Ahora la pregunta sería la siguiente: ¿cuál sería el objeto de la denuncia?, teniendo en cuenta lo dispuesto por la comisión investigadora frente a la gravedad de los hechos disponiendo allanamientos y como se sospecha sin juez de control y garantías lo cual agravaría aún más los procedimientos utilizados en el operativo para allanar todos los edificios del ministerio público de la acusación secuestro de material informático, etc, que insisto, la opinión publica ni el resto de los 48 diputados aun no conocen.

En este sentido, el bloque de diputados del PTS/FIT , Natalia Morales y Gastón Remy presentaron un pedido de informes solicitando información para conocer los fundamentos y las pruebas presentadas. Que no sueñen los diputados de la izquierda porque estos tipos te aplican la tiranía de las mayorías en las comisiones y todo va a quedar en la nada.

Pero insisto solo en Jujuy ocurre que una denuncia que genera semejante escándalo no presente el objeto. ¿Creen que la gente es idiota? le pregunto a los diputados.

Insisto, lo que llama la atención, es la ausencia de un objeto claro: se describen actuaciones y posibles irregularidades, pero no se especifica con precisión cuál es el acto ilícito imputado ni la normativa exacta que se habría violado. Eso dificulta que la ciudadanía entienda qué se denuncia, qué pruebas se aportan y qué se solicita al órgano competente.

Sin dudas que el hermetismo ventila la idea de que todo este bochorno tiene que ver más con una pelea política que un procedimiento jurídico sólido.

Se trata de conspiraciones de poder que rozan al statu quo, integrado por una delincuencia de guantes blancos dentro y fuera del estado. Presentar una denuncia con objeto nebuloso erosiona la confianza pública y alimenta especulación, no claridad.

Pasado el episodio del pedido de juicio político al procurador Sergio Lello Sánchez y cumplidos los allanamientos dispuestos por la comisión investigadora de la legislatura, el propio ex funcionario en un intento por lavar su imagen publico una solicitada intentando destacar aspectos de su gestión como la implementación del sistema procesal acusatorio. Una reforma que según Sánchez "consolido una justicia penal mas ágil, eficaz y cercana a la gente”, pero además agrego que " el sistema acusatorio convirtió a la justicia penal en un sistema transparente consolidando la confianza de la sociedad en sus instituciones”.

Sin embargo, los antecedentes de su gestión echan por la borda su operación mediática para "lavar su imagen", ya que hay episodios como por ejemplo el pedido de nulidad del proceso iniciado contra Milagro Salas, Alberto Bellido y un empleado judicial por supuesto, robo de un expediente, la causa iniciada durante el gobierno de Gerardo Morales terminó mal para el ministerio publico de la acusación ya que un testigo dijo que había sido extorsionado por Lello Sánchez para que declarara en contra de Milagro Salas, finalmente el juez Pablo Pullen Llermanos decidió declarar la nulidad del juicio tal como lo pidieron los fiscales del ministerio.

Fueron innumerables las causas armadas donde las pruebas no demostraban nada. De modo que sistema acusatorio mediante, el fin de Lello Sánchez, tiene que ver con sus excesos y su ciega sumisión a los delirios del ex gobernador Gerardo Morales.

El intento de Lello Sánchez se lee como una maniobra para licuar su imagen más que como una autocrítica responsable. Su defensa del sistema acusatorio, presentada como una “consolidación de una justicia penal más ágil, eficaz y cercana a la gente”, se percibe como un giro estratégico para desviar la atención de hechos graves: episodios de nulidad de juicios fruto de expedientes manipulados, y una supuesta coerción a testigos para obtener declaraciones en contra de personas ya presuntamente involucradas.

Este último manotazo, que busca justificar prácticas cuestionables bajo la sombrilla de una reforma procesal, roza lo delictual cuando se trata de justificar abusos de poder para beneficiar intereses personales o políticos.

Gerardo Morales, con su influencia detrás de cada movimiento, parece haber empujado a una maquinaria judicial que, en lugar de buscar la verdad con independencia, quedó condicionada a sus órdenes políticas y Carlos Sadir es parte de todo este conjunto de atrocidades que continuaron durante su mandato.

La narrativa de “cortesía” técnica del sistema acusatorio es, en estos hechos, una coartada para encubrir posibles irregularidades: diligencias armadas sin prueba contundente, víctimas de un esquema que convirtió a la investigación en una herramienta de presión y control.

Moralmente, es inadmisible que la transparencia se use como paraguas para la impunidad de actitudes como la obediencia ciega a una autoridad política. Si el objetivo real fuera la integridad del ministerio público y la confianza ciudadana, se requeriría una rendición de cuentas clara, auditorías externas, y un compromiso real con la independencia judicial, no solo con la propaganda de una “reforma” que, en la práctica, parece haber servido para tapar excesos.

El intento de autopromoción moral de este energúmeno lejos de exaltar un sistema que protegería a la gente, expone una dinámica en la que la justicia parece haber sido instrumentada para absolver o esfumar responsabilidades. Si hubo presión sobre expedientes o utilización indebida de recursos, la consecuencia ética y legal es contundente: la credibilidad del sistema se tambalea cuando la defensa de las mejoras institucionales se percibe como máscara para salvaguardar a poderosos.

Es por ello, que la transparencia es fundamental: hay una solicitud de información para conocer fundamentos y pruebas sobre el caso y esa apertura a la ciudadanía es necesaria para la credibilidad. De lo contrario, mientras no haya un objeto definido, fundamentos jurídicos y pruebas verificables, la audiencia quedará a expensas de interpretaciones y sesgos.

Más allá de las posturas políticas sobre la figura denunciada, lo imprescindible es definir un objeto concreto, aportar fundamentos y pruebas verificables, y actuar dentro del marco legal que regula este tipo de procesos, para que la opinión pública pueda formarse con base en hechos y no en conjeturas.

El filósofo Elías Canetti nacido en Bulgaria en 1905, pero de habla alemana y con una vida ligada a Europa, no es italiano, pero sí se le reconoce como un autor que analizó el poder en profundidad.

Sostuvo que “la idea de que el poder enferma la cabeza de los gobernantes". Canetti consideraba que “el poder se asemejaba a una enfermedad mental”.