Las comunidades sin escuela, sentenciadas al olvido y al desarraigo
Hoy ponemos el foco en una realidad que duele en las entrañas de nuestra Puna, de nuestros valles profundos y de esas quebradas que el turismo no siempre ve: la situación crítica de las escuelas rurales en la provincia de Jujuy.
No estamos hablando simplemente de edificios de adobe o ladrillo perdidos en la inmensidad del mapa. Estamos hablando del corazón palpitante de comunidades que, sin la escuela, quedan sentenciadas al olvido y al desarraigo. Resulta alarmante —y profundamente cínico— que, bajo argumentos supuestamente técnicos o de “optimización de recursos”, las autoridades se atrevan a cerrar aulas alegando baja matrícula, como si la educación pública fuera una planilla de Excel que debe arrojar saldo positivo.
Para una familia en un paraje lejano, la escuela no es solo el lugar donde se aprende a leer y escribir: es el centro de contención, muchas veces el comedor que garantiza un plato de comida, el único vínculo con el Estado y un pilar de la soberanía territorial.
Cerrar una escuela rural bajo el pretexto de que “hay pocos chicos” es ignorar deliberadamente que esos niños tienen el mismo derecho constitucional a educarse en su tierra que cualquier habitante de la capital. Este ajuste disfrazado de modernización administrativa es, en realidad, una forma de violencia institucional que empuja a las familias a migrar hacia las periferias urbanas, rompiendo el tejido social y cultural de comunidades originarias y campesinas.
Si el Estado se retira de los lugares más inhóspitos, ¿qué mensaje les está dando a los jujeños que hacen patria en el silencio de los cerros? La educación rural no se mide en números: se mide en oportunidades de vida y en el respeto a la identidad de un pueblo que no quiere desaparecer por un cálculo presupuestario.
Cada escuela que cierra no es solo un edificio que se apaga. Es una comunidad que pierde futuro.
Cuando el Estado decide cerrar una escuela en la Puna o en los valles altos, no está simplemente clausurando un aula: está empujando a familias enteras a abandonar su tierra. Este éxodo forzado destruye vínculos ancestrales, empuja a la marginalidad urbana y deteriora un capital cultural invaluable.
No hay desarrollo posible si el progreso se construye sobre el abandono del interior. No se puede hablar de inclusión mientras se condena a la ruralidad al olvido.
Lo que estamos viendo es un proceso sostenido de abandono, disfrazado de términos técnicos como “nuclearización” o “reorganización”. Se dice que no se cierran escuelas, que solo se agrupan. Pero en la práctica, eso significa chicos que deben recorrer kilómetros o familias obligadas a irse.
Es una mirada que reduce la ruralidad a un paisaje turístico, ignorando a quienes viven y sostienen ese territorio todos los días.
La falta de cobertura de cargos, las decisiones administrativas y el cierre progresivo de establecimientos no parecen errores: parecen decisiones políticas. Y decisiones que, en los hechos, achican el Estado donde más se lo necesita.
Porque cuando la educación desaparece, desaparece también la igualdad de oportunidades.
Y cuando una escuela se apaga en el interior profundo de Jujuy, no solo pierde una comunidad: pierde toda la provincia.