Consumo problemático: cuando la Justicia puede obligar al Ejecutivo a cumplir con sus prestaciones básicas

Un tema que nos quema en las manos y atraviesa el tejido social de la provincia con una urgencia que ya no admite eufemismos es el avance del consumo problemático y la aparente parálisis estatal frente a una generación que se escapa entre los dedos. Muchos se preguntan si este vacío de políticas públicas efectivas constituye, en términos legales, un supuesto abandono de personas por parte del Estado.

Desde el derecho administrativo y constitucional, la figura se encuadra más bien en una falta de servicio o en el incumplimiento de los deberes de funcionario público. La jurisprudencia argentina, respaldada por la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 y la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes N° 26.061, establece que el Estado es el garante último de la salud y la integridad de los menores.

Cuando el aparato estatal omite de manera sistemática la implementación de programas de prevención y asistencia, incurre en responsabilidad por omisión. Estas normas prevén que, ante la vulneración de derechos fundamentales, se activen mecanismos como el amparo colectivo, a través del cual la Justicia puede obligar al Ejecutivo a cumplir con sus prestaciones básicas.

No se trata solo de una falta moral, sino de una transgresión a tratados internacionales con jerarquía constitucional que obligan a proteger el interés superior del niño. En definitiva, aunque la figura penal de abandono de persona sea difícil de aplicar a un ente abstracto como el Estado, la responsabilidad civil y administrativa es plena cuando la inacción deja a los jóvenes en una situación de vulnerabilidad extrema, transformando la omisión en una política de descarte que la ley, al menos en los papeles, condena con firmeza.

Ahora bien, si la Justicia puede obligar al Ejecutivo a cumplir, la pregunta es inevitable: ¿dónde están esas medidas cuando la situación se vuelve insostenible?

La problemática es compleja. Una cosa es el discurso institucional y otra muy distinta la práctica concreta. Es allí donde aparecen las tensiones, las limitaciones y, sobre todo, las contradicciones de un sistema que muchas veces llega tarde, mal o directamente no llega.

Lo que se observa es que áreas como la Secretaría de Salud Mental y Adicciones o la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia funcionan más como organismos reactivos que preventivos. Intervienen cuando el problema ya estalló. La prevención, que debería ser el eje central, queda debilitada por falta de recursos y por una estructura que no logra cubrir de manera eficiente los territorios más vulnerables.

El fenómeno del consumo problemático se ha expandido en toda la provincia. Ya no es un problema focalizado, sino estructural. La falta de capacidad para anticipar y contener esta situación derivó en un escenario más complejo, agravado además por la escasez de profesionales y la falta de presencia sostenida en territorio. Sin seguimiento, las intervenciones quedan a mitad de camino y los casos reaparecen, muchas veces en peores condiciones.

Otro punto crítico es la relación con la Justicia. En teoría, los sistemas deberían ser ágiles y coordinados; en la práctica, se evidencian demoras, superposición de decisiones y falta de criterios claros. En algunos casos se protege, pero no se repara.

Lo más preocupante es que, cuando las decisiones dependen de la lógica política, las prioridades cambian. Lo que debería ser una política de Estado sostenida en el tiempo queda atada a decisiones coyunturales.

Frente a una problemática que atraviesa a toda una generación, el desafío no es solo de gestión, sino de decisión política. Si se pretende evitar consecuencias aún más graves, la prevención debe dejar de ser un discurso y convertirse en una política real, con inversión sostenida y presencia efectiva en el territorio. De lo contrario, el Estado seguirá llegando tarde, que es precisamente lo que ya no se puede permitir.