El desafío de la política no es defender trabajadores, sino respetar la ley

Un sector del peronismo intenta mostrarse activo en las últimas horas. En ese marco, la diputada rivarolista Verónica Valente sostuvo que el desafío de la política es defender a los trabajadores. Una declaración, sin dudas, poco feliz, ya que lo que debería entender la política es que lo primero que hay que defender es la ley. Más aún cuando el espacio al que representa está liderado por figuras con un historial conflictivo en materia de respeto irrestricto a las normas.

La primacía de la ley es uno de los pilares que sostienen la arquitectura de cualquier nación moderna. No se trata de un capricho burocrático ni de un formalismo vacío, sino del suelo firme sobre el cual se puede construir un verdadero proyecto de justicia social.

Cuando afirmamos que la política debe respetar primero la ley, estamos diciendo que las reglas del juego deben ser claras y universales, para evitar que el poder se transforme en una herramienta arbitraria donde el más fuerte —o el que tiene mayor visibilidad— imponga su voluntad. Imaginar un escenario donde la defensa de un sector, por más noble que sea su causa, se realice por fuera del marco legal, implica abrir la puerta a un precedente peligroso: mañana, cualquier otro grupo podría utilizar esa misma lógica para vulnerar derechos en lugar de ampliarlos.

Por eso, el respeto a la legalidad funciona como un verdadero seguro para la ciudadanía. Garantiza que los avances sociales no sean victorias pasajeras de un gobierno de turno, sino conquistas institucionales duraderas. La ley brinda el orden necesario para que la economía funcione, para que la inversión genere empleo y para que el trabajador cuente con herramientas reales —contratos, tribunales, derechos— que lo respalden frente a cualquier abuso.

En este sentido, una política que prioriza el Estado de derecho es más responsable y efectiva, porque entiende que la verdadera defensa del pueblo nace de la estabilidad y no del desorden. No se puede proteger a la sociedad si las instituciones están debilitadas o directamente ignoradas.

Lo que ocurre en territorios como Jujuy muestra una contradicción evidente entre el discurso y la realidad. Cuando se habla de defender a los trabajadores, pero al mismo tiempo se desatienden los procedimientos legales o se manipulan las normas, se genera inseguridad jurídica, uno de los principales enemigos del desarrollo y la paz social.

No podemos caer en la idea de que la protección social puede surgir de la violación sistemática de la ley. Cuando las reglas se vuelven flexibles y dependen del contexto o de intereses particulares, el trabajador queda desprotegido, sin garantías reales ni un marco sólido que lo respalde.

En una provincia con tantos desafíos como Jujuy, la verdadera defensa de la ciudadanía comienza por el ejemplo de sus autoridades en el cumplimiento estricto de la Constitución. Si el propio Estado se ubica por encima de la ley, lo que se genera no es justicia, sino desorden, y ese desorden termina afectando a todos.

En paralelo, el peronismo busca reposicionarse en este contexto, apelando al discurso del federalismo. Sin embargo, debería comprender que el federalismo sin respeto por la ley se transforma en una forma de feudalismo moderno, donde la autonomía provincial deja de ser una herramienta de desarrollo para convertirse en un refugio de discrecionalidad.

Cuando en una provincia no se cumple la ley, se rompe el principio de igualdad ante la norma, y los ciudadanos quedan expuestos a decisiones arbitrarias. El verdadero federalismo requiere instituciones fuertes, reglas claras y un compromiso real con el orden jurídico.

Permitir que la autonomía se utilice como excusa para vulnerar derechos implica debilitar la estructura misma del país. La ley no es una sugerencia: es el contrato básico que garantiza la convivencia democrática y la unidad nacional.

Respetarla no es una opción. Es la condición indispensable para cualquier proyecto serio de desarrollo y justicia social.