Para Cancillería, liberar a Milagro Sala “es un claro peligro”
Se conocieron fragmentos del informe que envió el Estado Argentino a la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, rechazando en forma contundente los cuestionamientos a la detención de la líder la Tupac Amaru.
A 27 días de conocerse el informe de Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU, el gobierno argentino contestó formalmente, mediante una serie de escritos, las conclusiones arribada por sus integrantes.
Los documentos además fueron dirigidos a las Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, organismo que también había reclamado por la situación de Milagro Sala, detenida desde el 16 de enero último.
Como habían anticipado funcionarios en declaraciones públicas, el gobierno argentino sostiene que los pronunciamientos emitidos en distintos momentos por los organismos internacionales adolecen de falta de información.
En base a escritos exhaustivos y minuciosos elaborados por la justicia jujeña y el estado provincial en calidad de denunciante de Milagro Sala, Cancillería envió tres extensos informes con destino a Washington y Ginebra – sedes de las mencionadas instituciones – en donde afirma que Sala “permanece encarcelada en función de un proceso debidamente acreditado donde justifica de modo razonable el riesgo procesal por colusión de testigos”.
Para sostener tal afirmación, considera la diplomacia argentina que la dirigente jujeña “conserva evidentes relaciones de dominios e influencia sobre testigos de la causa, lo que determina que su libertad en pleno proceso implicaría un claro peligro para con los objetivos de la investigación”.
Según revela el diario La Nación, la respuesta está compuesta de tres escritos, uno de 21 páginas elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos, otro de 39 páginas que corresponde a fiscalía de estado de Jujuy y un tercero de 52 páginas firmado por el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy y el Ministerio Público de la Acusación.
En la contestación además, Cancillería ratifica su invitación a la provincia a los integrantes de la ONU y de la Comisión Interamericana de la OEA, para que puedan comprobar de forma cabal las pruebas que obran en los expedientes judiciales.
Según la respuesta oficial, "se encuentra plenamente acreditado un millonario fraude a la administración pública operado con fondos destinados a la construcción de viviendas". También detalla "la activa participación de Sala en un mecanismo por el cual la dirigente social, a través de pequeñas cooperativas, recibía recursos provenientes del Estado Nacional, y que por medio de mecanismos extorsivos conseguía que las mismas emitieran facturas por obras que jamás se hicieron".